El caso tomó relevancia tras el fallecimiento de una joven en Toluca cuyo padre no pudo hacer válidos los servicios contratados
Por: Alberto Dzib
Servidores públicos y docentes de distintos municipios del Estado de México se manifestaron este lunes frente a las instalaciones del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), en Toluca, para exigir justicia por un presunto fraude cometido por la empresa Certificado Integral Funerario (CIF), la cual dejó de operar tras décadas de ofrecer servicios funerarios con descuentos vía nómina.
Aunque algunos de los afectados llevan años en procesos legales para exigir la devolución de su dinero ante el incumplimiento de los servicios contratados, la problemática tomó fuerza tras el fallecimiento de Leslie, una joven atropellada en Toluca el pasado 5 de febrero.
Su padre, explicó que como servidor público de la Secretaría de Educación estatal adquirió el servicio e intentó hacer válido el plan funerario adquirido con CIF sin obtener respuesta.
Los manifestantes dijeron que este caso, al igual que otros recientes, reveló la ausencia de respaldo por parte de la empresa, lo que llevó a que más trabajadores afectados iniciaran las protestas públicas.
Óscar Chávez Espinoza, abogado y representante legal de las y los docentes afectados, informó que la asociación civil Mexiquenses por la Transformación Social se ha sumado a brindar acompañamiento jurídico sin costo.
Detalló que la empresa operó por décadas ofreciendo planes funerarios vitalicios a trabajadores del sector público, muchos de ellos hoy jubilados, quienes realizaron pagos quincenales por periodos de hasta 25 años.
“Podemos hablar de cerca de 150 mil personas afectadas en más de 100 municipios del Estado de México, hay quienes contrataron uno, dos o hasta cuatro paquetes. Los descuentos iban de 200 a 400 pesos por quincena, dependiendo del número de servicios adquiridos”, expuso.
El abogado afirmó que el grupo lleva seis años de lucha legal, asta ahora han presentado alrededor de 250 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pero denuncian lentitud y obstáculos en los procesos.
“La Fiscalía ha complicado el proceso, dan citas separadas con meses de diferencia, una para ratificación, otra para entregar pruebas, luego para testigos, después para los documentos, dicen que están facilitando el proceso, pero es falso, los afectados esperan horas afuera de las agencias del Ministerio Público y hay cambios constantes de jurisdicción entre municipios”, aseguró.
Los manifestantes estiman que el daño económico asciende a 3 mil 800 millones de pesos, por lo que solicitan que se reconozca a los afectados y se garantice el cumplimiento de los contratos mediante mecanismos institucionales.
Alberto Dzib
