La iniciativa busca fortalecer el reconocimiento jurídico y la protección de los derechos de los pueblos originarios al incluir la Sala de Asuntos Indígenas dentro de la estructura constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
Redacción MV
Con el objetivo de consolidar los mecanismos institucionales que garanticen la protección y el respeto de los derechos de los pueblos y comunidades originarias, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) propuso reformar la Constitución del Estado de México para que la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial forme parte de su estructura formal.
La propuesta plantea que el Tribunal Superior de Justicia opere en Pleno, Sala Constitucional, Sala de Asuntos Indígenas, Salas Colegiadas y Salas Unitarias Regionales. De aprobarse, la Sala de Asuntos Indígenas tendría atribuciones para conocer los recursos ordinarios en los que alguna de las partes pertenezca a un pueblo indígena y se involucren temas relacionados con su cosmovisión o sistemas normativos.
Entre sus funciones, también podría emitir opiniones consultivas en asuntos vinculados con la aplicación de los sistemas normativos indígenas, verificando que se respeten los derechos humanos consagrados en las constituciones federal y estatal, así como en los tratados internacionales firmados por México.
Asimismo, la Sala estaría facultada para proponer protocolos de actuación con perspectiva intercultural, resolver casos derivados del incumplimiento de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y conocer inconformidades relacionadas con el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
El documento recuerda que el 30 de marzo de 2023 se instaló oficialmente la Sala de Asuntos Indígenas, en cumplimiento de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que resulta necesario armonizar la norma constitucional.
Durante 2024, esta Sala radicó 27 expedientes 26 en materia penal y uno civil, emitió una opinión consultiva y resolvió 27 sentencias, de las cuales dos fueron revocadas, siete confirmadas, ocho modificadas y en diez se ordenó la reposición del procedimiento por la ausencia de traductores.
Con esta iniciativa, Movimiento Ciudadano busca dar un paso más hacia la justicia con perspectiva intercultural, asegurando que las comunidades indígenas mexiquenses cuenten con un órgano jurisdiccional plenamente reconocido en la Constitución que garantice el acceso efectivo a la justicia y el respeto a sus derechos colectivos.
