La iniciativa plantea definir legalmente la identidad digital y crear un delito específico para sancionar a quienes se apropien de datos personales en línea
Por: Alberto Dzib
La bancada de Morena en el Congreso del Estado de México presentó una iniciativa que busca que la ley estatal reconozca la identidad digital como un derecho de las personas y que el Código Penal tipifique por primera vez la suplantación digital como delito autónomo.
El planteamiento formulado por la diputada Brenda Miranda Vargas, incorpora la “vida en línea” al marco jurídico local y pretende garantizar que los datos personales usados en entornos electrónicos cuenten con protección explícita.
De acuerdo con la propuesta, la digitalización de trámites, servicios y relaciones sociales exige que el Estado defina qué se entiende por identidad digital y cómo debe resguardarse.
El proyecto expone que los marcos vigentes se enfocan en la identidad física y en delitos tradicionales, pero no contemplan conductas comunes en internet, como crear perfiles falsos, usar documentación electrónica sin permiso o emplear información personal para cometer fraudes.
La iniciativa plantea agregar al Código Civil una definición que incluye datos, atributos y credenciales electrónicas como la CURP, firmas digitales, contraseñas, biometría y perfiles verificables. Propone que la ley establezca como derecho de toda persona que su identidad digital sea reconocida, protegida y utilizada de forma legítima y segura, así como la obligación del Estado para verificar su autenticidad.
“Es derecho de toda persona que su identidad digital sea reconocida, protegida y utilizada de forma legítima, segura y confidencial”, menciona el proyecto.
En materia penal, la diputada propone sancionar con uno a cuatro años de prisión y multas de 100 a 500 días a quienes se apropien sin autorización de la identidad digital de otra persona, así como establecer agravantes cuando la conducta tenga fines ilícitos, de lucro, de daño reputacional o cuando se usen datos personales sin consentimiento.
La iniciativa sostiene que los casos de suplantación aumentan a nivel nacional y que las víctimas deben recurrir a figuras penales indirectas porque el delito no aparece tipificado de forma explícita en el Estado de México.
También afirma que reconocer la identidad digital como derecho ayudaría a fortalecer la confianza en servicios electrónicos y a dar certeza jurídica en trámites civiles y administrativos.
