- Diputados buscan establecer como delito de defraudación fiscal la omisión en la retención de cuotas al Instituto de Seguridad Social.
Diputados de la 4T, incluyendo Azucena Cisneros Coss y Gerardo Ulloa Pérez, han presentado una iniciativa que tiene como objetivo tipificar como delito de defraudación fiscal la retención de cuotas de aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) por parte de los sujetos obligados, lo que genera un déficit anual al organismo por más de mil 200 millones de pesos.
En el análisis de la propuesta, integrantes de las comisiones unidas de Planeación y Gasto Público con Finanzas Públicas están considerando las implicaciones de esta iniciativa. Según los legisladores, es frecuente que los Entes Públicos obligados omitan el pago de aportaciones y cuotas de seguridad social, lo que genera un perjuicio tanto para las finanzas del ISSEMyM como para los derechos y prestaciones de seguridad social de los servidores públicos acreditados y sus familias.
Los deudores por omisión en el entero de cuotas y pago de aportaciones de seguridad social incluyen a 24 municipios, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y los Cuerpos Auxiliares del Estado de México (Cusaem). Además, según reportes de la Auditoría Superior, el ISSEMyM tiene solicitudes de aclaración por mil 686 millones de pesos en cuotas y aportaciones por cobrar.
La propuesta de Azucena Cisneros y Gerardo Ulloa busca tipificar la conducta en el Código Financiero del Estado de México y Municipios como un delito especial. Esto implica agravar las consecuencias de la conducta, lo que incluye reparar el daño equivalente al monto que se haya omitido retener, ya que estos recursos no son de libre disposición, y las instituciones públicas están obligadas a enterar las cuotas y aportaciones dentro de los cinco días siguientes a la fecha de retención al trabajador.
La propuesta establece que se sancionará a los funcionarios públicos que omitan total o parcialmente enterar las cuotas, así como a aquellos que no presenten querella por estas omisiones. La sanción sería el doble de la pena establecida para el delito de defraudación fiscal, que actualmente conlleva penas de tres a cinco años de prisión para montos defraudados superiores a 500 mil pesos.
La iniciativa ha sido respaldada por legisladores de la misma bancada y del PRI, y se ha propuesto involucrar a la Fiscalía General y a la Procuraduría Fiscal en la discusión para enriquecer la iniciativa. La propuesta busca combatir la corrupción y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos a la seguridad social.
