La decisión responde a una acción de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo federal, que cuestionaba la falta de una definición precisa de “inteligencia artificial” en la legislación.
La decisión responde a una acción de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo federal, que cuestionaba la falta de una definición precisa de “inteligencia artificial” en la legislación.
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