- Evitar la imposición a estudiantes de cursar una maestría o diplomados para obtener la titulación, porque es ventajoso y un negocio de las escuelas privadas
No se vale que las autoridades estatales se hagan los desentendidos, ni que se siga lucrando en escuelas de educación superior privadas con la titulación de los jóvenes, porque es un dineral, es una acción ventajosa y en perjuicio de los estudiantes, al obstaculizar y condicionar el título profesional contrario al egreso oportuno, con una maestría, denunció el diputado local de Morena, Ariel Juárez Rodríguez, al urgir a las autoridades educativas a no desentenderse y vigilar a estas instituciones.
El legislador integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó el Punto de Acuerdo, de Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Subsecretaría de Educación Superior y Normal del Estado de México, para que vigilen que las instituciones privadas de Educación Superior, cumplan con los lineamientos legales por los que se establecen los trámites y procedimientos orientados al egreso oportuno de estudiantes y evitar la imposición de cursar una maestría o diplomados para obtener la titulación.
Anunció que en los siguientes días presentará una reforma a la Ley General de Educación, para que se pueda homologar, ante la problemática de las sumas exorbitantes que les piden para titularse y obtener la cedula profesional, tendría que ser luego de la titulación. Deben pagar el costo que impone la SEP, no el que establece la escuela, bajo contratos ventajosos.
El legislador, denunció que el costo de la titulación en instituciones privadas, al estudiante se le obliga a una maestría que va de 30, 50 y hasta 100 mil pesos para titularse, es el gran negocio de las escuelas particulares, y señaló que las universidades públicas como la UNAM e IPN, cobran 2 mil pesos para los trámites de titulación.
El diputado de Cuautitlán expresó, los estudiantes que optaron por una escuela particular ante el rechazo de otras opciones públicas, ven afectados sus intereses personales, profesionales y económicos, el retenerles su título profesional hasta cursar una maestría, repercute en que pierda oportunidades, en el ámbito o permanencia laboral por falta del mismo; al estudiar de manera forzosa alguna especialidad que quizá no era la que tenía planeado, así como realizar un gasto adicional al previsto, en detrimento de sus ingresos o deserción educativa, y el tiempo se ve disminuido para añadir experiencia laboral antes de graduarse, y nada le garantiza que estudiar una maestría le brinde mayores oportunidades en el campo laboral.
El legislador de la bancada de la Esperanza, consideró que el desarrollo educativo del país ha motivado múltiples iniciativas federales, estatales, públicas y privadas, que conforman la oferta de planes y programas de estudio de la educación superior que ha permitido la atención a un número creciente de estudiantes, también hoy tenemos un panorama carente de criterios que proporcionen orden, articulación y sistematicidad al tipo educativo.
En la exposición de motivos, refirió que la Ley General de Educación, el Artículo 3° de la Constitución Política, en materia de Mejora Continua de la Educación, establece las reglas para la organización y función del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, organismo que rige sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, el cual define también los mecanismos y acciones necesarios que permiten una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas federales y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones, principios y criterios.
Lo anterior, dijo, se fortalece en el Artículo 5°, párrafo 3, de la Ley General de Educación, el Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables.
El derecho a la educación, señaló el diputado Ariel Juárez, como derecho social, el Estado garantiza el egreso oportuno en el Sistema Educativo Nacional de su alumnado cuando los mismos cumplan con el perfil de egreso, obteniendo el conjunto de aprendizajes, actitudes, valores y requisitos que las mismas instituciones educativas indiquen.
Las autoridades educativas están obligadas a impulsar la continuidad y el egreso en tiempo y forma (oportuno) de sus estudiantes, siempre y cuando estos hayan concluido con su plan de estudios. Además de fomentar mecanismos de apoyo académico y económico en beneficio a las necesidades de la población estudiantil.
