Reactivan las movilizaciones luego de que al menos cinco interno fueron traslados a cárceles de Chiapas, Nayarit y Veracruz
Toluca, México.- Integrantes del colectivo de Haz valer mi libertad se sacaron sangre frente a Palacio de Gobierno, con la que escribieron la palabra libertad, para exigir que se les aplique a sus familiares presos que están en espera de amnistía por delitos de acto impacto.
Al reactivar las protestas que mantienen desde hace más de un año, hombres y mujeres plasmaron letras en el asfalto y rociaron el tejido los escudos de granaderos y parte de la fachada de la sede del Ejecutivo.
En la jornada “Libertad de escribe con sangre”, denunciaron que unos cinco presos que ampara el colectivo, fueron trasladados a penales federales por la despresurización de las cárceles mexiquenses, pero que para ellos representa una intimidación y represión.
Lady Plácido Arroyo, vocera del colectivo “Haz Valer mi libertad”, denunció que sus familiares fueron llevados a cárceles de Chiapas, Nayarit y Veracruz, por lo que no han podido ir a visitar a sus familiares en semanas.
En un estudio que hicieron, dijo, que en ir a Nayarit una sola persona se gastaría tres mil 700 de ida y otra cantidad igual de regreso, cuando la mayoría de las familias son de escasos recursos.
Acusó que los traslados son violatorios, una represalia; sin embargo, advirtió que la lucha por parte de ellos continúa, llamó al Poder Judicial estatal a no convalidar los traslados, ni prestarse a este tipo de situaciones.
Hasta ahora sólo tres personas del colectivo han salido por amnistía por delitos de alto impacto que son: Ernesto “N”, Virginia “N” y Silvia “N”.
El titular del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), Antonio Lara Duque, aseguró que hasta ahora se ha demostrado que la amnistía es inoperante, pero tiene viabilidad jurídica aunque hay resistencia en el Poder Ejecutivo a que opere la ley.
Las protestas por parte del colectivo continuarán pero ahora en los penales mexiquenses, primero en los del Oriente y continuarán hasta abarcar los 22 estatales para presionar a las autoridades a aplicar la ley de amnistía.
