Pachuca de Soto, Hidalgo.- Fue propuesta la creación de un fondo para la adquisición de viviendas en abandono, desuso y/o remate, con objetivo de ponerlas a disposición de los sectores vulnerables de la población en el estado de Hidalgo.
La diputada local Lisset Marcelino Tovar, presentó la propuesta durante los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso estatal, llevada a cabo este martes 31 de enero.
La propuesta significaría una reforma a la Ley de Vivienda del Estado de Hidalgo, con la cual se busca crear el concepto de vivienda pública, otorgando al estado la facultad y posibilidad de construir, expropiar, rehabilitar o adquirir por medios propios viviendas.
Marcelino Tovar señaló que en el estado de Hidalgo existen alrededor de 14 mil viviendas abandonadas, las que podrían ponerse a disposición de sectores vulnerables de la población.
Además, en la reforma se adiciona una facultad a la Comisión Estatal de Vivienda de Hidalgo, para la elaboración de un estudio trimestral de monitoreo sobre el precio de las rentas de casas en la zona metropolitana de la entidad.
Sobre los datos, la legisladora local abundó que en Hidalgo, de las 14 mil viviendas en abandono, en promedio sólo el 57.1 por ciento de las personas son propietarias, contrario al 61.4 por ciento que lo era en 2014, detalló Marcelino Tovar.
Lo anterior significa una baja en adquisición de vivienda propia en 3.5 por ciento en un periodo de ocho años.
“Hidalgo no ha sido ajeno a la política inmobiliaria mercantilista del periodo neoliberal, el crecimiento desmedido de la zona metropolitana, en complicidad con funcionarios de las administraciones anteriores, ha generado una serie de problemas estructurales para llevar a cabo una política de vivienda desde la perspectiva de un derecho humano”, indicó.
Por ello, dijo que es necesario transformar la visión gubernamental y asimilar la necesidad de “ir corrigiendo los estragos generados por el neoliberalismo”, particularmente en aspectos como la cercanía a los trabajos, equipamientos, usos mixtos, espacios públicos y garantía de seguridad en los terrenos construidos.
Por Daniel Martínez Martínez
