Tras la aprobación del reconocimiento de los derechos de los embriones, grupo feminista expresa su posicionamiento y gobierno prepara el veto ejecutivo en contra de dicha reforma antiaborto.
Los hechos anteriormente mencionados, tienen como origen la insistencia por parte del diputado Baltazar Gaona García al asegurar que el aborto es un acto de materia delictiva y que nunca será un derecho, mencionando que es importante “proteger a las mujeres embarazadas” y que todos los seres humanos tengan acceso a sus derechos sociales “en todos sus conjuntos etarios, desde la gestación”.
Exposición argumentativa que fue aprobada y reconocida por los integrantes de la 75 Legislatura para que se modifique el artículo 48 de la Ley de Desarrollo Social para integrar el término “concepción”, para que así, se comprenda que se tiene derecho a la alimentación y a la vida desde ésta, por ello, Gaona García pretende obstaculizar el aborto y la legalización del mismo.
Situación que consiguió que la Red Colectivas Feministas Michoacán manifestara su posicionamiento, mencionando que la propuesta del diputado es una iniciativa antiderechos y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “invalida la disposición que tutela el derecho a la vida desde la concepción y limita el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva, por ser contrario a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Considera que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General”.
Y por otro lado, en una rueda de prensa se dio conocer por medio de la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER), Tamara Sosa Alanís, que, junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, se realicen las labores correspondientes para que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lleve a cabo “el veto ejecutivo” a la reforma aprobada por el Congreso Local con la que se le otorgan “derechos sociales” a los fetos.
