El presidente de la Canaco Valle de Toluca, afirma que la propuesta facilitará la inversión y reducirá la corrupción administrativa
Por: Alberto Dzib
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca (Canaco), se manifestó a favor de la Ley de Unidades Económicas del Estado de México y sus Municipios, presentada la semana pasada por el gobierno estatal, al señalar que con esto se evitará que cada municipio tenga reglas distintas y obstaculice la inversión.
Fernando Reyes Muñoz, presidente de la organización consideró que su aprobación será un paso importante para mejorar las condiciones de inversión en la entidad.
Señaló que la iniciativa puede contribuir de manera directa a resolver problemas derivados de trámites complejos que, en muchos casos, impiden la formalización de negocios.
“Muchas veces se debe a que los trámites son numerosos y en lugar de provocar que el comercio se pueda formalizar, a través de trámites sencillos, pues lo único que hacen es complicar y me parece por esa razón justamente vemos con muy buenos ojos esta nueva reforma”.
El representante del sector explicó que uno de los principales problemas que enfrentan las unidades económicas en el Estado de México es la complejidad de los trámites, situación que ha derivado en la existencia de negocios informales.
Afirmó que la simplificación propuesta en la nueva ley se alinea con la agenda que diversas cámaras empresariales han impulsado para avanzar en la mejora regulatoria.
La propuesta enviada al Congreso local busca establecer un nuevo marco jurídico para facilitar la apertura y operación de unidades económicas de bajo y mediano impacto, mediante la homologación de requisitos en los 125 municipios.
Entre los principales cambios se contempla la eliminación del dictamen de giro y los comités municipales que lo evaluaban, así como la creación del Sistema Integral para la Atención de Unidades Económicas del Estado de México (Si-Edomex), una plataforma digital que permitirá registrar avisos de apertura y gestionar licencias de funcionamiento con vigencia permanente.
Otros aspectos relevantes de la propuesta incluyen: establecer un catálogo actualizado de actividades económicas, agilizar trámites para casas de empeño y comercializadoras de metales preciosos, y fijar un plazo máximo de 30 días para subsanar observaciones sanitarias sin que se ordenen clausuras inmediatas si no se pone en riesgo la salud pública. Alberto Dzib
