El 2017 el Gobierno Federal aumentó el precio de la gasolina entre el 14,2 y el 20,1%, según el tipo -magna, premium o diesel-. Este incremento se trata del mayor incremento del precio de este producto en casi 20 años y un duro golpe a la economía familiar de los mexicanos.
Ahora habrá hasta 90 tarifas distintas, según cada región. Los precios se mantendrán inalterables hasta mediados de febrero y, luego, ya se ajustarán diariamente atendiendo a tres criterios: el costo de mercado, el del transporte y almacenamiento y el impuesto a la gasolina. Se ha establecido un plan de cinco fases para ir aplicando este nuevo modelo a lo largo de 2017, cuando originalmente no se iba a hacer hasta 2018.
Pemex lleva 80 años de ser una empresa que tiene el monopolio de la gasolina en México. Sólo en 2015, sus pérdidas fueron de 40 millones de dólares, según la cadena especializada Bloomberg. Su deuda, añade, es de 100.000 millones de dólares. Sus refinerías están tan viejas y oxidadas que apenas trabajan al 60% de su capacidad. Actualmente, pese a que México es el segundo país con más petróleo de América Latina, tiene que importar seis de cada diez litros de los que consume el país, porque no tiene capacidad de refinamiento.
Pemex, la empresa de los mexicanos, está quebrada porque ha sido saqueada y mal administrada durante varias décadas. Un ejemplo claro de esto ha sido el contrato colectivo privilegiado que ha otorgado durante años una serie de beneficios que ningún otro sector obrero podía gozar.
Es tal el abuso contenido en este contrato colectivo que algunas cláusulas superan los parámetros mínimos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Durante décadas se otorgaron a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX) millonarias sumas para primas de antigüedad, liquidaciones, pensiones por incapacidad, viudez, cirugías plásticas, costosas terapias de rehabilitación y un servicio médico para ellos y para sus familiares. Además había que pagarles hasta gas, gasolina y canasta básica. Del otro lado de la moneda encontramos a la mayoría de los ciudadanos que se retiran año con año con apenas lo mínimo para mal vivir.
En el 2013 Romero Deschamps logró incluir en la negociación de dicho contrato que las empresas organizadas por los trabajadores que cuenten con la conformidad del comité ejecutivo general del sindicato podrían participar en los concursos, licitaciones públicas o asignación de obras, transportes o servicios con apego a las disposiciones legales vigentes, que requerían PEMEX o los organismos subsidiarios, y en igualdad de condiciones se les dará preferencia frente a terceros. Este punto flagrantemente contradice a la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, que indica que sus obligados deben desempeñarse “sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el estado les otorga por el desempeño de su función”.
Otro claro ejemplo del abuso que los mexicanos han sufrido es el claro conflicto de intereses del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. La Secretaría de la Función Pública en Mayo del 2014, reportó que tiene un monto de 10 millones 975 mil pesos como participación en el capital social de cinco empresas, cuyo objeto es la venta de gasolinas y están ubicadas en Cozumel, Quintana Roo, en el suroriente del país.
No todo queda en el conflicto de intereses del Secretario de Energía, a finales de 1997, la paraestatal constituyó el Fondo Laboral de Pemex (Folape) como un instrumento para el pago de las pensiones y jubilaciones. Este fideicomiso funcionó como un instrumento revolvente mientras que las obligaciones con la seguridad social crecieron en forma exponencial. Durante 17 años el Folape gastó de forma irresponsable y sin transparencia los fondos que recibía año con año de la recaudación petrolera.
En el 2008 se da a conocer la crisis que enfrenta el Folape y la deuda del sector de pensiones y jubilaciones que al día de hoy alcanza 1.1 billones de pesos. Este fondo jamás constituyó reservas. Ahora, por acuerdo del Congreso, los mexicanos debemos de pagarlo. Con esto dejamos de atender temas tan importantes como la pobreza de 55 millones de mexicanos, educación, salud e infraestructura; y por otro lado tenemos a un grupo privilegiado de 120 mil trabajadores activos y 80 mil jubilados y pensionados que dependen de un rescate financiero a través de la conversión del pasivo laboral a deuda pública.
Este año que inicia el Gobierno pretende que donde hay sólo una empresa y un precio fijo haya competencia y precios variables, eso es lo que ha defendido Peña Nieto. El Gobierno Federal ha destinado 53.000 millones de dólares entre 2006 y 2014 sólo para “evitar” que subieran los precios del crudo, un subsidio que ya era “imposible” de mantener. El Presidente Peña argumenta que para mantener el precio, tendrían que subir otros impuestos o hacer recortes en políticas sociales.
De los abusos que han llevado a cabo los funcionarios de los diferentes organismos públicos, los diputados, senadores, gobernadores, miembros del gobierno federal y demás protagonistas de esta administración mejor ni hablamos.
¿Estimado lector no cree que ya llegamos a un límite de sufrir tanto atropello por parte de nuestra clase gobernante?
¡Despierta México¡
Dr. Arturo David Argente Villarreal.
Director del Departamento de Derecho
Tec de Monterrey, Campus Toluca.
argente@itesm.mx
http://facebook.com/argentevillarreal
