Algunas de las empresas que fueron inhabilitadas por el Gobierno del Estado de Hidalgo al comprobarse su participación en La Estafa Siniestra, se detectó que ahora son proveedores del Gobierno Federal.
Pachuca de Soto, Hidalgo.- Lo anterior fue señalado por el Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, anunciando que la Secretaría de Contraloría estatal notificará a la Federación sobre estas empresas, para que se tomen las decisiones que consideren adecuadas.
“Lo fácil sería cambiar de razón social, pero la Secretaría de Hacienda tiene identificados a los socios e integrantes de esas empresas. Lo importante es que no queden impunes y que se atengan a la responsabilidad que cometieron”, enfatizó.
La Estafa Siniestra es un esquema detectado a inicios de la actual administración estatal, con el cual se desviaron recursos económicos públicos simulando obras, así como la adquisición de productos y servicios.
Menchaca Salazar señaló que el proceso legal no se ha cerrado, por lo que aún existen investigaciones abiertas sobre el tema.
Explicó que no se han cerrado los procesos penales en Hidalgo y que pronto se darán a conocer otras acciones que se trasladaron de la Contraloría a carpetas de investigación y que se judicializarán.
“No está cerrado el asunto de la estafa, hay todavía temas que atender y es una exigencia de la gente, además es un ejercicio de recuperación de recursos públicos, hay muchas necesidades en el estado”, refirió.
Reconoció que existen muchas necesidades en el Estado de Hidalgo, por lo que se cuida el uso adecuado de los recursos públicos para el desarrollo de las obras y acciones que requieren.
“Nosotros estamos primero cuidando lo que nos corresponde como ejercicio administrativo y, por otro lado, en la recuperación no solamente de dinero, sino de inmuebles que fueron entregados con un fin distinto al que se justificó”.
Respecto a las empresas vinculadas a la red de corrupción, que simularon competencias o recibieron contratos de manera irregular, el gobernador explicó que la Oficialía Mayor revisa los procesos de licitación para impedir que firmas inhabilitadas en Hidalgo o en otras entidades obtengan contratos con el estado.
