Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- Se han detectado personas que después de trabajar en gobiernos municipales sistemáticamente presentan demandas laborales exigiendo liquidaciones que pueden alcanzar incluso cientos de miles de pesos.
José Salvador González Cruz, director de la Contraloría Interna de Tulancingo no precisó si las demandas laborales actualmente en revisión corresponden a situaciones como las que narró en principio.
Señaló que actualmente la Dirección Jurídica del gobierno municipal revisa las demandas laborales que se han presentado, algunas provenientes desde hace dos periodos de gobierno.
El objetivo es que no se sigan acumulando pagos de laudos laborales que deben cubrirse con recursos públicos.
“Es muy triste ver que existen personas que van de municipio en municipio, trabajan y luego los demandan”, puntualizó el funcionario.
Dijo que los casos de personas que han colaborado en gobiernos municipales y demandan al ser dados de baja, deben ser denunciados para poder realizar investigaciones.
Las demandas pueden ser presentadas formalmente por ciudadanos o por otros servidores públicos que conozcan y ofrezcan detalles de los antecedentes de la conducta laboral de estas personas.
A inicios del mes de septiembre de este año, el alcalde Jorge Márquez Alvarado declaró que durante el actual periodo de gobierno se han pagado alrededor de 30 millones de pesos.
Dijo que la cantidad de dinero corresponde al pago de aproximadamente a un centenar de demandas laborales, así como a pago de finiquitos y liquidaciones.
Agregó que en este momento están en revisión jurídica entre 12 a 14 demandas laborales, con objetivo de evitar que se sigan acumulando más pagos por eventuales laudos ganados.
Al respecto, González Cruz dijo que jurídica y económicamente el responsable es el gobierno municipal, no una persona física, lo que complica el cumplimiento de obras y acciones públicas.
Ello debido a que los recursos económicos considerados se deben utilizar para el pago de las demandas laborales ganadas por ex colaboradores.
El funcionario aseguró que Tulancingo no está en riesgo de que sus cuentas sean embargadas para cumplir con dichos pagos, pero insistió que el riesgo es que las cantidades a pagar se incrementen en caso de no atenderse jurídicamente.
Por Daniel Martínez Martínez
