El mandatario ha propuesto que a quien realice estos actos se le imponga una pena de uno a seis años en prisión y multa de 100 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Una nueva iniciativa de ley para ser discutida en el Congreso de Michoacán, envió el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla al reconocer que en el territorio michoacano, una de las maneras en las que delinquen algunos grupos es mediante la falsificación de documentos propios de las dependencias del estado, ya sea portando uniformes o placas de seguridad pública, haciéndose pasar de esta manera por autoridades. Debido a estos actos la ciudadanía cree estar tratando con funcionarios o elementos de seguridad, cuando no es así.
Es por ello que mediante esta iniciativa, el mandatario ha propuesto que a quien realice estos actos se le imponga una pena de uno a seis años en prisión y multa de 100 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Este castigo también sería aplicado a la o las persona que colaboren en realizar dichos objetos propios del gobierno, pues incluso se tiene conocimiento de balizamiento de vehículos oficiales, placas y uniformes.
El mismo castigo se aplicaría a funcionarios que distribuyan estos artículos o concesiones a personas físicas y morales no autorizadas. Con esto además de buscar eliminar la corrupción dentro del gobierno y ponerle un fin a las estafas contra la ciudadanía.
