La iniciativa plantea diversas restricciones a los servidores públicos y la limitación de 10 años para que los servidores públicos de mando superior se desempeñen en empresas con las que hayan tenido contacto durante su encargo
La bancada de Morena en el Congreso del Estrado de México presentó una iniciativa para crear la Ley de Austeridad Republicana de la entidad, en la que se plantea limitar diversos privilegios de los servidores públicos y generar ahorros en el gasto público y garantizar una mejora en su aplicación.
Al presentar la propuesta, la diputada de Morena, Azucena Cisneros Coss señaló que para homologar la ley federal, se establecieron criterios de mejora en la orientación del gasto en los entes, dependencias y organismos autónomos que ejercen recursos públicos con objeto de eficientar los resultados de su implementación y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
“Propone establecer la austeridad republicana como principio de actuación del gobierno, así como un referente obligatorio que oriente la obligación de las dependencias, entidades, tribunales de justicia y órganos autónomos a fin de que estos pongan en práctica medidas que mejoren el gasto público y hagan efectivo el control y la rendición de cuentas de los servidores públicos”.
Explicó que de aprobarse deberá realizarse un diagnóstico para el diseño de la política estatal de austeridad, con la que estas instancias implementarán programas de ahorro, cuyo control estará a cargo de un Comité de Evaluación integrado por la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de la Contraloría, el OSFEM y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el cuál tendrá como obligación emitir un informe anual de resultados.
Cisneros Coss subrayó que algunos objetivos prioritarios de la ley consisten en que ningún servidor público mexiquense gane más que el presidente de la República, restringirá la compra de vehículos de lujo y contratación de choferes para funcionarios, empleo de aeronaves, remodelación ostentosa de oficinas, pago de pensiones a exgobernadores y cierre de oficinas en el extranjero u otras entidades de la República.
Establece también una limitación de 10 años para que servidores públicos de nivel superior en adelante se desempeñen en empresas a las que supervisaron, regularon u obtuvieron información privilegiada durante su cargo, además de que se acompaña de una propuesta de reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad y municipios para inhibir el conflicto de intereses y considerar como falta grave el nepotismo y la simulación de actos jurídicos.
Alberto Dzib
@albertodzib666
