Exfuncionarios del Poder Judicial reclaman el pago que les corresponde tras ser removidos por cambios legales, y exigen que se respete la Constitución.
Los jueces que fueron cesados como consecuencia de la reciente reforma judicial en México continúan esperando la indemnización que, por ley, les corresponde. A pesar de que su remoción se realizó bajo un marco legal aprobado por el Congreso, los afectados aseguran que hasta la fecha no han recibido ningún pago ni compensación por los años de servicio y las funciones desempeñadas dentro del Poder Judicial.
“Solo queremos que se cumpla la Constitución, que nos paguen”, señaló uno de los jueces afectados, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias. Según los exfuncionarios, la falta de pago ha generado incertidumbre económica y tensión entre quienes quedaron fuera de sus cargos, muchos de los cuales planearon su retiro y proyectos personales considerando el fin de su labor judicial.
El grupo de jueces afectados ha solicitado que se cumpla lo establecido en la ley, recordando que la Constitución mexicana garantiza el derecho a la indemnización correspondiente cuando un servidor público es removido de su cargo por reformas legales. Hasta ahora, las autoridades encargadas del pago no han dado una respuesta clara sobre los tiempos o procedimientos para cumplir con esta obligación.
La situación ha generado preocupación dentro de la comunidad jurídica, ya que plantea dudas sobre la protección de los derechos laborales de los jueces y sobre la correcta implementación de la reforma judicial. Mientras tanto, los afectados buscan apoyo legal y mediático para exigir el cumplimiento de sus derechos, insistiendo en que su reclamo no es un beneficio extraordinario, sino el cumplimiento de lo que la ley y la Constitución les otorgan.
Esta situación evidencia uno de los retos que enfrenta la implementación de reformas judiciales en México: garantizar que los cambios legales no afecten injustamente a quienes han dedicado años de su vida al servicio público y que la aplicación de la ley respete los derechos de todos los involucrados.
