Los sentenciados secuestraron a un grupo de migrantes centroamericanos en abril del año 2015.
La Autoridad Judicial con sede en Cuautitlán dictó una sentencia condenatoria de 70 años, para tres sujetos, luego de que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), acreditó penalmente su participación en el delito de secuestro agravado.
Los elementos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social fueron determinantes para que un Juez emitiera esta sentencia para María del Rocío Sotelo Govea, Nancy Pérez López y Roberto Rodríguez Villegas, quienes participaron en el secuestro de nueve migrantes, ilícito ocurrido en el municipio de Huehuetoca.
Los hechos se registraron en el mes de abril del año 2015, cuando las víctimas fueron rescatadas por elementos de la entonces Procuraduría General de la República, luego de un cateo realizado en un inmueble habilitado como un centro de rehabilitación para alcohólicos, situado en la calle Emiliano Zapata, del Barrio San Bartolo.
De acuerdo con la investigación, en ese sitio los ahora sentenciados y otros sujetos concentraban a los migrantes a quienes, mediante el engaño de ayudarlos a cruzar a los Estados Unidos, los trasladaban al municipio de Huehuetoca, donde los privaron de su libertad.
Luego estos los amenazaron con hacerles daño, y para dejarlos seguir su camino hacia la frontera norte les exigieron el pago de una suma económica en dólares, para lo cual debían comunicarse con sus familiares en la Unión Americana o en sus países de origen, a fin de que les enviarán el dinero.
Una vez que fue hecha la denuncia por parte de dos personas de origen centroamericano, el Agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y Agentes de Investigación se encargaron de realizar diversas indagatorias que derivaron en la aprehensión de María del Rocío Sotelo Govea, Nancy Pérez López y Roberto Rodríguez Villegas, como partícipes de los secuestros.
Estos sujetos fueron remitidos ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, autoridad que previo proceso legal, les impuso la sentencia respectiva, además les fijó una multa de 420 mil 600 pesos, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
