La propuesta enviada por la gobernadora Delfina Gómez plantea eliminar la condición de reincidencia y castigar a servidores públicos que obstaculicen denuncias
Alberto Dzib
El Poder Ejecutivo y el Legislativo del Estado de México acordaron dar prioridad a la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para modificar el Código Penal estatal y sancionar el acoso sexual desde la primera ocasión, sin necesidad de que sea reiterado, además de establecer castigos a servidores públicos que impidan o retrasen el acceso a la justicia.
El consejero jurídico del gobierno mexiquense, Jesús George Zamora, informó que ya sostuvo reuniones con el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, y con la presidenta de la Legislatura, Martha Azucena Camacho Reynoso, para garantizar que la iniciativa tenga trámite preferente en comisiones y pueda aprobarse este mismo mes.
Explicó que la propuesta responde a una demanda social de fortalecer la protección a las mujeres frente a las distintas formas de violencia sexual y busca eliminar vacíos legales que han limitado la atención de las denuncias, por ll que el Ejecutivo estatal pretende que con esta modificación las víctimas cuenten con respaldo inmediato del sistema judicial.
“El Poder Legislativo está atento a los reclamos de la sociedad y lo hará de manera muy rápida. He hablado con el presidente de la Junta de Coordinación Política y con la presidenta de la Mesa Directiva y están en total consonancia de agilizar el trámite”.
George Zamora explicó que actualmente el Código Penal solo contempla el acoso sexual como delito cuando ocurre de forma reiterada, lo que deja sin sanción los primeros incidentes.
“Nuestro Código Penal señala que el abuso sexual tiene una característica de reiteración, es decir, que una mujer debía esperar a que sucediera varias veces para poder denunciar. A partir de esta reforma, con un solo acto se podrá denunciar”.
De acuerdo con la propuesta, las penas para el acoso sexual se incrementarán cuando el agresor aproveche una situación de vulnerabilidad, desventaja o riesgo para la víctima.
También se establece un nuevo tipo penal para castigar a ministerios públicos, policías o jueces que se nieguen a recibir denuncias, las obstaculicen o intimiden a las víctimas, con sanciones de dos a seis años de prisión, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El consejero jurídico agregó que esta iniciativa es una respuesta inmediata a la instrucción de la gobernadora Delfina Gómez y tiene respaldo del gobierno federal tras los recientes pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de erradicar la impunidad en los casos de violencia sexual.
La administración estatal prevé que la reforma se apruebe y entre en vigor durante noviembre para garantizar que cualquier manifestación de acoso sea considerada delito desde el primer acto y que los servidores públicos responsables de impedir la justicia enfrenten consecuencias penales.
