La propuesta de la diputada Ruth Salinas busca sanciones de hasta 113 mil pesos y cárcel en casos de omisión o complicidad
Redacción MV
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) en el Congreso mexiquense propuso una iniciativa de reforma integral para que los estacionamientos y servicios de valet parking respondan legal y económicamente por los robos, daños y omisiones que afecten a los vehículos bajo su resguardo.
La propuesta, presentada por la diputada Ruth Salinas Reyes, contempla multas de hasta 113 mil 140 pesos a los operadores que no asuman su responsabilidad por robos totales, parciales o de accesorios, derivados de la falta de vigilancia o cuidado del vehículo.
Además, establece agravantes penales para los casos en que el robo sea cometido directamente por el personal del estacionamiento o valet parking, o con su consentimiento, duplicando las penas de cárcel ya existentes por robo de vehículo, que van de 9 a 15 años.
Entre los cambios más destacados, la iniciativa propone modificar el Código Administrativo, el Código Penal y la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, para incluir:
- Obligación de contratar un seguro que cubra daños y robos.
- Boletos con registro de entrada, condiciones del servicio y accesorios del vehículo.
- Instalaciones seguras, con videovigilancia, iluminación, sanitarios gratuitos y señalización clara.
- Personal identificado, con licencia de manejo vigente en caso de valet parking.
- Espacios adecuados para motos y bicicletas.
- Reloj checador para garantizar el tiempo exacto de estancia.
- Tarifas visibles y sujetas a regulación oficial.
Asimismo, el GPMC plantea que todos los estacionamientos otorguen al menos 30 minutos de cortesía a clientes que acrediten una compra mínima, bajo sanción de hasta 5 mil 657 pesos en caso de incumplimiento. Esta medida busca estandarizar el servicio en toda la entidad y evitar abusos contra las personas consumidoras.
La diputada Salinas recalcó que esta iniciativa responde a múltiples quejas ciudadanas por daños o robos no reconocidos por estacionamientos, así como al crecimiento de negocios que operan sin regulación efectiva ni responsabilidad legal.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen. De aprobarse, representaría una de las regulaciones más estrictas en el país en materia de estacionamientos y servicios auxiliares.
