A un año y ocho meses, sigue sin entrar en vigor, ni muchos se han iniciado los trabajos de adecuación que ordenó la SCJN
Toluca, México._ Pese a que existió cambio de gobierno la modificación a la “Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública” del Estado de México que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), meses atrás, sigue estando en “stand by” y sin prioridad para que entre en vigor en el estado.
La recién creada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que sustituye a la Consejería Jurídica, desmarcó al estado de trabajar en la también llamada “Ley Atenco” y puntualizó que es facultad de la Legislatura local.
En entrevista, el titular de la dependencia, Rodrigo Espeleta Alardo recordó que la sentencia que emitió la SCJN ya está publicada, incluso están notificados los diputados mexiquenses, pero mientras no sea discutida por éstos no entrará en vigor.
“Ya está publicada esta sentencia de la Corte, ya está notificada y corresponderá a la Legislatura tomar la decisión que ellos determinen. Como bien ustedes saben, la ley o el decreto tiene un transitorio establece que no entrará en vigor hasta en tanto haga la legislatura las modificaciones”, expresó.
El funcionario estatal reconoció que de acuerdo a las acciones de inconstitucionalidad a la “Ley Atenco”, los diputados se excedieron en sus funciones en algunos artículos de ésta como “tortura y tratos crueles”, los cuales están previstos en la normatividad federal.
Fue el pasado mes de marzo que la Suprema Corte concluyó con el análisis de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Público estatal. Los ministros invalidaron cinco artículos.
Entre ellos, desechó el uso de la fuerza pública como primera opción para disolver manifestaciones, concentraciones y multitudes.
Esta normatividad se publicó en 18 de marzo del 2016 en la Gaceta de Gobierno, la cual desde su inició levantó controversia.
Partidos de oposición y asociaciones condenaron la ley al calificarla de opresora, posteriormente promovieron una queja antes los derechos humanos, aunque a la acción se sumó la administración estatal.
Posteriormente, la SCJN deicidio analizar las tres acciones de constitucionalidad, donde la referente a la de los diputados la desechó y dio marcha a las presentadas por las Comisiones de derechos humanos nacional y estatal.
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