En un inicio se manejaron que eran 395 presos beneficiados bajo un amparo promovido el año pasado
Los alegatos de tortura y fabricación de pruebas continúan como estrategia para que los presos o detenidos libren la justicia, que se evidenció en que 50 residentes del Penal de Chiconautla, Ecatepec, le ganaran a la autoridad un amparo colectivo y que los dejaría en libertad a la brevedad reabrirse las investigaciones.
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), Sergio Javier Medina Peñaloza, admitió se han incrementado los casos que los ha obligado a atender cada uno cuando los encarcelados son favorecidos por los jueces.
Negó que el caso de Chiconautla afecte la credibilidad institucional de la PJEM, por que será la Fiscalía General de Justicia (FGJ) la encargada de reabrir las carpetas para que a los reos se les restituyan los derechos violados, proceso en el que ampliarán las declaraciones y se practicará exámenes periciales, que derive en ser condenados o exonerados.
“Cada día es un esquema más recurrente pero no de la Procuraduría, también es muy sencillo para la persona que está imputado en un proceso decir que fue torturado para echar atrás el resto de la dinámica normal de un proceso, entonces por eso los jueces tienen que ser muy escrupulosos si efectivamente hay algún indicio de tortura para cumplir con los estándares internacionales, darles seguimiento y las vistas correspondiente o bien si es una creación de la persona para demorar todos los procesos”, aseveró.
Medina Peñaloza, explicó que una vez que la FGJ haya repuesto el proceso a favor de 50 reos, el Poder Judicial atenderá los casos bajo los estándares de tratados internacionales en contra de la tortura para condenarlos o exonerarlos.
“Son temas de tortura que le corresponde dar seguimiento (a la Fiscalía) y posteriormente nosotros atenderemos de acuerdo a las pruebas si procede o no o se da vista o no, sobre todos cumplir con los estándares de Tortura”, declaró.
El amparo colectivo, que en un inicio se manejó beneficiaría a 396 internos, fue promovido por José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de la asociación Presunción de Inocencia, conforme al fallo del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, localizado en Naucalpan de Juárez.
Luego de que de acuerdo a los demandados el 4 y 24 de mayo la PJEM ignoró la denuncia de que fueron procesados a partir de ser víctimas de tortura.
