Ojalá
La opinión de @OscarGlenn
El miércoles 29 de abril el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, entregó a la Legislatura su informe anual de actividades correspondiente al 2019, donde presumió entre otras cosas el incremento de la judicialización de las carpetas de investigación en 21%; traduciéndose en 16,291 casos y además aumentar las sentencias condenatorias en 13%, con más 5,600 personas que encarceladas por delitos graves que pasarán más de cinco años en la cárcel y que es lo que quizá los ciudadanos comunes más podríamos apreciar como resultado.
En paralelo a eso, es de preocupar como algunas células criminales han tratado de someter y adueñarse de otros giros comerciales en diferentes municipios, intimidando a los propietarios, esquilmándolos, imponiéndoles rentas u obligándolos a abandonar su negocio, con lo cual amenazan con afectar también de manera severa la economía de muchas familias y regiones, de ahí la importancia que se logre mucha mayor eficacia en el combate a ese tipo de expresiones del crimen organizado, que en estricto sentido es asunto de competencia de la Fiscalía General de la República, pero que hoy de facto tiene que combatir la Fiscalía Estatal.
Asegura ante eso el Fiscal a Jaime Alejandro Gómez Sánchez, que dadas las limitaciones legales para enfrentar al crimen organizado, han optado por realizar un seguimiento de los hechos delictivos que en cada municipio pueden ser atribuibles un grupo criminal determinado, observan cómo se vinculan diferentes hechos que son aparentemente aislados y con ello logran fortalecer las imputaciones contra los delincuentes, para que no salgan libres fácilmente, dado que logran evidenciar la gravedad y algún gtado de organización sus conductas (dicho todo esto en la forma más simple posible para efectos prácticos).
Ser más contundentes, según explica el Fiscal, requeriría adecuaciones al marco juridico y si bien es posible una reforma constitucional para devolver competencia a las entidades federativas en el combate a la delincuencia organizada, reconoe que la historia de muchas arbitrariedades cometidas por algunos elementos cuando tuvieron esas facultades lo ha complicado; asi que por lo pronto la coordinación con la SEDENA, la FGR y la Guardia Nacional, han permitido asentar algunos golpes a los criminales, según afirma.
No se menosprecia el trabajo, pero me han dicho algunas personas que dejaron sus negocios allá y la misma autoridad reconoce que el Sur Mexiquense es una zona donde los grupos criminales han acentuado su actividad en diferentes formas; sintomático es el propio temor de los ciudadanos que inhibe que denuncien, mientras les secuestran, cobran derecho de piso, o tratan de controlar venta e imponer precios de algunos productos de consumo común, como el pollo, la cerveza y hasta el refresco, según ha pasado en tiempo reciente.¿se puede vivir asi?
Aunque loables los esfuerzos de muchos servidores públicos, queda claro que mientras alguien sigue sintiendo temor de denunciar es que la autoridad no ha logrado restaurarse ni sobreponerse a la influencia criminal y esos casos más allá de estadísticas, son historias de gente común que frustrantemente tienen que buscar otro modo de vivir o resignarse a cargar con ese yugo.
Urge por tanto que ahora que hablan de rectivación económica necesaria, los legisladores, las fiscalías y las dependencias de seguridad en el país consideren seriamente este problema, no lo normalicen y hagan lo que sea para devolver a la gente la tranquilidad para emprender y vivir de sus negocios sin más temores ni acechanzas, dado que por si el panorama económico es muy complicado, ni que decir sí a la dificultad de la competencia y los ímpetus recaudatorios del gobierno, le agregan el acecho del crimen por todos lados. No habrá discurso, reporte, ni programa de apoyos que alcance si al ras del piso siguen las cosas empeorando, porque la voracidad más la impunidad no tienen límites.
Ojalá que esos no sean otros tantos gritos en el desierto, es tema de todos y está ahí esperando a que pasemos la emergencia sanitaria para reventarnos en la cara, entre otras cosas.
