Pachuca de Soto, Hidalgo.- Luego de la denuncia por malversación de fondos por 663 millones de pesos del programa Escuelas de tiempo completo en 2014, su actual titular Raúl Meléndez Meneses indicó que el programa está blindado ya que los gobiernos federal y estatal firmaron un convenio para la observación de los recursos, los cuales serán ejercidos conforme a lo establecido entre los órdenes de gobierno en 74 municipios de la entidad en donde ese programa tiene presencia.
Lo anterior, garantiza mediante un convenio con la federación, que los recursos en la entidad estarán protegidos hasta el 31 de diciembre de este año; la bolsa resguardada asciende a 264 millones de pesos.
La acción tiene que ver con el anuncio del titular del departamento jurídico de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH) Carlos Emigdio Arozqueta, quien presentó denuncia por el daño al programa que asciende a 663 millones de pesos; explicó que descubrieron corrupción en más de 30 personas, entre funcionarios y proveedores.
Resultado de una investigación interna, detectaron daño y actividades ilícitas desde noviembre de 2014 hasta enero de 2017, por lo que comenzó una denuncia formal contra quien resulte responsable por los delitos de peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Fueron señalados los exfuncionarios de la subsecretaría de administración y finanzas y la coordinación de Escuelas de tiempo completo. Sobre los secretarios, resaltó que dado que es un programa autónomo, no hay responsabilidad contra ellos.
Escuelas de tiempo completo es un programa que además de dar clases a los alumnos les proporciona alimentación, por lo que se requiere de la proveeduría de todo lo relacionado con el equipamiento de los planteles y la adquisición de alimentos para su funcionamiento en los 664 centros educativos que forman parte actualmente de esa estrategia educativa.
“La entrega de adquisición de alimentos en las regiones del estado con proveedores que reintegran diezmos o dádivas a los funcionarios públicos a cambio de sobrefacturar o entregar alimentos de poca o nula calidad para los alumnos; el uso de gastos de operación injustificables como gasolinas, vehículos y viáticos; la facturación de eventos sociales sin que estos se hayan realizado y la alteración y falsificación de documentos comprobatorios”, refiere la tarjeta informativa de la dependencia.
Por Daniel Martínez Martínez
