Pachuca de Soto, Hidalgo.- Un exentrenador deportivo, quien instruía a fuerzas infantiles del Club Pachuca en la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte (Unifut), fue declarado ayer culpable del delito de abuso sexual en agravio de un niño de seis años.
El abogado defensor Julio Gálvez informó a través de redes sociales sobre el resolutivo en torno a la averiguación 1246/2016 que fue iniciada, en un principio, por el delito de violación, aunque al final solo se acreditó el de abuso sexual.
Según el código penal para Hidalgo, en su capítulo tercero, comete el delito de abuso sexual “quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella actos sexuales, la obligue a observarlos o la haga ejecutarlos para sí o en otra persona, y se le impondrá prisión de dos a cuatro años y multa de 50 a 100 días”.
No obstante, el mismo documento advierte que si la víctima de abuso sexual es una persona menor de 15 años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, la pena será mayor: “Se impondrá de cinco a nueve años de prisión y multa de 200 a 500 veces la unidad de medida y actualización”.
El entrenador obtuvo un amparo el 4 de enero de 2017 que lo puso en libertad después de ser detenido tras ser sospechoso del delito de violación dentro de las instalaciones de la primaria de la Universidad del Futbol, donde trabajaba como entrenador.
Por tal razón el hombre siguió el proceso en libertad. La autoridad judicial determinó que el delito se definía como abuso sexual y no violación como se señaló al inicio de la carpeta, lo que dio pie a que se concediera el amparo al acusado.
Durante el proceso judicial, directivos de la Universidad del Futbol, así como del Club Pachuca, evitaron opinar sobre el caso, el cual se perpetró dentro de las instalaciones del espacio deportivo que comprende esa institución educativa.
En mayo de 2017 este diario publicó testimonios de personas involucradas en ese caso, quienes narraron que directivos del Club Pachuca amenazaron a empleados con represalias en caso que emitieran alguna opinión pública sobre el incidente.
Este caso también provocó que activistas por los derechos de la niñez se pronunciaran el año pasado en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo para pedir la intervención de las autoridades estatales.
Por Daniel Martínez Martínez
