Puebla, Pue. – La Cámara baja modificó el artículo 225 del Código Penal Federal para castigar a los funcionarios públicos y ciudadanos que “fotografíen, difundan, distribuyan, publiquen o comercialicen imágenes, audios, documentos o cualquier tipo de información personal de la víctima de una investigación penal”, en especial, de un feminicidio.
El ajuste en la legislación federal ha sido bautizado como “Ley Ingrid”, una medida que ya fue aprobada en la capital en 2021.
Esta ley sanciona la filtración de información de las víctimas, una práctica muy extendida entre policías y funcionarios públicos, pero también penaliza a ciudadanos y medios de comunicación que fuera de los supuestos contenidos en la ley, utilicen esas imágenes para su beneficio.
La iniciativa, ha señalado que la Ley Ingrid busca acabar con la revictimización y la violencia institucional que sufren las mujeres en México. Las sanciones que plantea la reforma serán mayores en un 33% si la difusión tiene que ver con contenido de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
La medida representa un paso más para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sin embargo, el rezago de la justicia y la impunidad que nace de las investigaciones de los delitos siguen lastrando la violencia machista en México.
Ingrid Escamilla originaria del municipio de Juan Galindo en la #SierraNorte de #Puebla, fue asesinada en la Ciudad de México hace dos años a manos de su esposo.
Tras confirmarse el caso la policía de Ciudad de México difundió las imágenes de su cadáver y varios medios publicaron la noticia en portada, desde entonces su caso puso el foco en la difusión de imágenes de víctimas y en los esfuerzos por prohibir la revictimización de las mujeres asesinadas y sus familias.
Pese a que el feminicidio de la joven sigue sin resolverse, la reforma del Código Penal federal representa un avance en los derechos de las mujeres asesinadas.
