Hacia los municipios de Puruándiro, Peribán y Zitácuaro…
El presidente municipal, Humberto Arróniz Reyes, firmó el acuerdo de transferencia del modelo de justicia cívica y gobierno del Ayuntamiento de Morelia hacia los municipios de Puruándiro, Peribán y Zitácuaro.
El munícipe, Humberto Arróniz, se congratuló por compartir los resultados de casi 3 años del modelo de justicia cívica en el municipio, el cual es implementado con respeto a los derechos humanos para que la sociedad desde lo local tenga una cultura de la legalidad.
Lo anterior mediante la implementación de juzgados cívicos que dan el principio de derecho de audiencia a los ciudadanos ante la falta pública cometida por los mismos, lo que permitirá cada vez más tener una convivencia pacífica y civilizada a los morelianos destacó el alcalde.
Arróniz Reyes recalcó que el Gobierno de Morelia actual recibió a la Policía de Morelia de la administración municipal pasada con sólo el 40% de sus elementos certificados con sus exámenes de control y confianza. Hoy la corporación está conformada por 800 elementos y el 100 por ciento de ellos están certificados.
Los municipios signantes del convenio de transferencia del” Modelo de Justicia Cívica y Buen Gobierno” representados por Sergio López Guerrero, secretario del Ayuntamiento de Peribán y su presidenta municipal, Dora Belen Sánchez Orozco, Víctor Camacho Gazca, Srio. del Ayuntamiento de Puruándiro y Hugo Alberto Hernández Suárez, presidente municipal de Zitácuaro, coincidieron y dieron testimonio que con los trabajos ya iniciados en sus diferentes municipios para adoptar este modelo y la acción de la firma de convenio con Morelia les permitirá nutrirse de la experiencia del Ayuntamiento capitalino.
Asimismo, el Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, Julio César Arreola Guillen, afirmó que el Gobierno de Morelia perfeccionó el modelo de justicia cívica con respeto a los derechos humanos y dicha firma de convenio permitirá la colaboración del Ayuntamiento capitalino con los 3 municipios signantes, así como darles una asistencia técnica para la implementación del mismo, para garantizar y dar certeza jurídica y un debido proceso, abonar para el derecho de audiencia en los procedimientos administrativos.