La Ley General contra la Extorsión busca dotar al Estado mexicano de un marco normativo uniforme para hacer frente a uno de los delitos más extendidos en el país.
Ian Arriaga
Con 456 votos a favor y sin ningún voto en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, iniciativa presentada por la presidenta de la República. La nueva legislación busca homologar la tipificación de la extorsión en todo el país y establece penas de hasta 25 años de prisión para quienes cometan este delito.
Durante la sesión, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de contar con un marco jurídico nacional para enfrentar uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía. Sin embargo, la discusión se centró en las penas establecidas, ya que algunos diputados de la oposición advirtieron que la reforma podría derivar en la liberación de reos condenados por extorsión en entidades donde actualmente existen sanciones más severas.
La iniciativa reconoce que, pese a los esfuerzos realizados, las autoridades aún no han logrado prevenir ni sancionar eficazmente la extorsión, por lo que se crea un tipo penal básico con penas de 6 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Además, contempla 34 agravantes divididas en tres categorías, que permitirán aumentar las sanciones hasta en dos terceras partes, llegando a un máximo de 25 años de cárcel en los casos más graves, especialmente aquellos con afectaciones severas a la víctima o con alto impacto social y económico.
Con esta aprobación, la Ley General contra la Extorsión busca dotar al Estado mexicano de un marco normativo uniforme para hacer frente a uno de los delitos más extendidos en el país.
