Con un total de 483 votos a favor y sin abstenciones ni votos en contra, la reforma modifica los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Ian Arriaga
Este martes, la Cámara de Diputados dio un paso significativo en la promoción del bienestar social al aprobar, de manera unánime, una reforma constitucional que permitirá a las personas adultas mayores acceder a una pensión desde los 65 años, en lugar de los 68 años que establecía la legislación anterior.
Con un total de 483 votos a favor y sin abstenciones ni votos en contra, la reforma modifica los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El diputado Alan Sahir Márquez Becerra, secretario de la mesa directiva, destacó la contundencia de la votación, señalando que se trataba de una “mayoría calificada”.
La presidenta de la Cámara, María del Carmen Pinete Vargas, declaró aprobada la reforma en lo general y en lo particular, lo que representa un avance importante en la protección de los derechos de las personas adultas mayores en el país.
Además de la reducción de la edad para recibir pensiones, la reforma también establece una pensión no contributiva para las personas con discapacidad permanente menores de 65 años. El Estado se compromete a garantizar la rehabilitación de estas personas, priorizando a los menores de 18 años.
La reforma al artículo 27 también eleva a rango constitucional el programa “Sembrando Vida”, implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y establece precios de garantía para cultivos como maíz, frijol, arroz, leche y trigo, en un esfuerzo por apoyar a los productores campesinos y pescadores.
Para asegurar la viabilidad de estas disposiciones, el dictamen estipula que el Estado deberá asignar recursos suficientes cada año, garantizando que estos no se reduzcan en términos reales.
Durante la discusión, se aprobó además una modificación propuesta por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, que sustituye el texto sobre el derecho a una vivienda digna, ampliándolo al derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada.
Con esta reforma, el Congreso reafirma su compromiso con el bienestar social y la dignidad de las personas mayores y en situación de discapacidad, marcando un hito en la política social mexicana.
