Hoy termina el plazo para que jueces y juezas, presenten su declinación para la participación en la elección de funcionarios el próximo año
Atenea Rojas
En la también conocida como “antimañanera” por parte de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, as magistradas Edna Lorena Hernández Granados y Adriana Ortega Ortiz y el magistrado José Rogelio Alanís García encabezaron el evento en el que se abordaron dos temas, la declinación a las elecciones de 2025 y la columna de la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.
Como primer punto, Adriana Ortega Ortiz comenzó puntualizando que hoy termina el plazo para que jueces y juezas, presenten su declinación para la participación en la elección de funcionarios el próximo año, un procedimiento que según sus palabras, desconoce a la carrera judicial.
Argumentó entonces que, la carrera judicial no sólo está conformada por experiencia sino por demostración persistente y frecuente de conocimientos avanzados en derecho. Además de la capacidad de demostrar problemas jurídicos complejos a través de exámenes, en contraste a los requerimientos requeridos para contener al cargo de juez, magistrado o ministro, según las leyes secundarias de la Reforma Judicial.
“Los que no se queden, tendrán que contener en una elección donde serán colocados y colocadas en igualdad de circunstancias de personas, que si pensamos, las elecciones no son de voto popular, está mediada por los poderes públicos, por lo que hay una enorme sospecha de que las personas que surgirán de estas elecciones no tendrán los perfiles adecuados, o el profesionalismo adecuado” aseguró Ortega Ortiz.
Por otra parte se invitó al magistrado Carlos Aldo Vargas Eguiarte a dar réplica sobre los señalamientos realizados por parte de la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien a través de su columna publicada en el medio EL UNIVERSAL el 28 de octubre.
En ella, Godoy refirió que los trabajadores del Poder Judicial están utilizando sus conocimientos en la materia, de manera “maliciosa”, opinando particularmente respecto al activismo judicial, que catalogó como Lawfare, un concepto que refiere la utilización abusiva e ilegal de instancias judiciales nacionales e internacionales contra gobiernos legítimamente como constituidos, aludiendo a una guerra jurídica.
Sobre lo anterior, el magistrado aclaró que dicho término también se ha definido como: “la estrategia de usar maliciosamente el derecho como un sustituto de los medios tradicionales, militares o civiles para obtener un propósito o llevar a cabo un objetivo operacional”; asimismo, ejemplificó que este término se ha usado por Estados Unidos en el combate hacia el terrorismo, es decir que, de acuerdo con Vargas Eguiarte, la consejera aseguró que el gobierno es una víctima de guerra, en la que los victimarios son los trabajadores del Poder Judicial.
