Los créditos fiscales fueron impuestos por incumplimientos al Impuesto Sobre la Renta, incluyendo actualizaciones, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013.
Ian Arriaga
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firmes las sentencias que obligan a Tv Azteca y a Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, a pagar 48 mil 326.9 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por siete créditos fiscales.
Durante diversas votaciones, la Corte declaró fundados los recursos presentados por la autoridad hacendaria y desechó las demandas de garantías promovidas por las compañías de Salinas Pliego. Los créditos fiscales fueron impuestos por incumplimientos al Impuesto Sobre la Renta, incluyendo actualizaciones, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero detalló, mediante láminas explicativas, que el recurso 544/2024 presentado por Hacienda, donde se impugnaba la admisión del amparo 6321/2024 interpuesto por Elektra por un crédito fiscal de 33 mil 306.47 millones de pesos del 2013, no debió admitirse.
Aunque el caso involucraba un tema de constitucionalidad, carecía de excepcionalidad según precedentes de la SCJN. La propuesta fue aprobada unánimemente, dejando firme la sentencia del Tribunal Colegiado en contra de Elektra.
La Corte aún tiene pendiente la discusión de dos recursos adicionales presentados por Nueva Elektra del Milenio y Total Play, que impugnan créditos por 67.16 millones y 645.76 millones de pesos, respectivamente.
En respuesta, Grupo Salinas emitió un comunicado calificando la decisión como “un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México”. La compañía señaló que los ministros omitieron analizar el fondo jurídico y alegó un supuesto “acoso político” en su contra.
Asimismo, indicó que buscará otras vías, incluso internacionales, para proteger sus derechos y cuestionó las multas y cobros que consideró desproporcionados e inconstitucionales, advirtiendo que la resolución podría afectar la confianza empresarial y la generación de empleo en el país.
