El siniestro reciente que provocó un operador de la ruta 45-A por manejar alcoholizado, y donde resultaran heridas por lo menos 9 pasajeros, es una llamada de atención urgente para que se aplique el nuevo Reglamento del Transporte del Estado.
Las autoridades de seguridad pública de los municipios deben sumarse a las acciones de supervisión del transporte público para mejorar la prevención de accidentes provocados por la ingesta de alcohol o estupefacientes por parte de los operadores, afirmó Arturo Balderas Moyano, director general de Corresponsabilidad en el Transporte.
El siniestro reciente que provocó un operador de la ruta 45-A por manejar alcoholizado, y donde resultaran heridas por lo menos 9 pasajeros, es una llamada de atención urgente para que se aplique el nuevo Reglamento del Transporte del Estado, el cual contempla en su artículo 12 las facultades que tienen las autoridades de seguridad pública municipales para supervisar el transporte público:
ARTÍCULO 12. La Secretaría de Seguridad Pública y los Ayuntamientos a través de su área o unidad de seguridad pública, auxiliarán en forma permanente la supervisión, vigilancia e inspección que realice la Secretaría a los Servicios de Transporte y Servicios Auxiliares, a fin de lograr mayor seguridad, rapidez, eficiencia, regularidad, y demás condiciones operativas que correspondan a cada modalidad de servicio.
Asimismo, recordó que la participación de las autoridades viales municipales en la supervisión del transporte público, fue una de las demandas que constantemente Corresponsabilidad en el Transporte exigía a las autoridades, pero fue sólo hasta que se conformaron las mesas de trabajo organizadas por la SMT para la elaboración del nuevo Reglamento del Transporte, que fue contemplada e integrada tal disposición.
Asimismo, Balderas Moyano estimó correctas las sanciones previstas por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado al suspender, tanto la concesión del vehículo como la licencia del conductor, conforme a los artículos 405 y 406 del Reglamento ya mencionado, y que incluso podrán derivar en su cancelación permanente en caso de fallo condenatorio por parte de las autoridades del Poder Judicial.
Sin embargo, reiteró que sólo la suma de esfuerzos y la concurrencia de actos de autoridad por parte de los gobiernos estatal y municipales, podrán evitar en mayor grado este tipo de conductas de los operadores y mejorar, en lo general, el servicio de transporte que se ofrece a los ciudadanos.
