Generará consecuencias negativas para propietarios de vehículos y el país: MAAQ
La presidenta de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de México, Ma. de los Ángeles Arriaga de Quiróz, manifestó a nombre de los Distribuidores Mexiquenses su rechazo al artículo transitorio Décimo Quinto Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.
Dicho artículo faculta al Congreso de la Unión a “realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión vehículos importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.”
Cómo es ya del conocimiento público, la Cámara de Diputados aprobó la noche del viernes 18 de octubre de 2019 la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, sin embargo, de forma sorpresiva se presentó una reserva para introducir dicho artículo, procediendo a la votación económica en el pleno y con su aprobación se turnó a la Cámara de Senadores.
Al respecto la presidenta de los distribuidores mexiquenses de automóviles manifestó: “Consideramos que se trata de una propuesta infundada, violatoria de la Constitución y que generará consecuencias negativas para el país”
“Manifestamos nuestro absoluto rechazo a que con esos pretextos se legalicen vehículos chatarra y exhortamos a nuestros Senadores a desechar este golpe al estado de derecho, invocándolos a reflexionar que de su voto a favor o en contra depende su regularización que incentivaría la ilegalidad y validaría la actividad de organizaciones que motivan la circulación ilegal de vehículos sin reconocimiento del estado”.
“Observamos con profunda preocupación que esa facultad que se pretende otorgar al Congreso se traduciría en la regularización de vehículos ilegales, lo cual representará un duro golpe al desempeño del mercado interno automotor, mismo que se encuentra en crisis después de 28 meses consecutivos de reportes negativos y con igual perspectiva hacia 2020”.
Puso énfasis en que se ponen en riesgo 250 establecimientos dedicados a la comercialización de 44 marcas de automóviles y camiones con importantes inversiones que generan más de 18,000 empleos directos y atienden el 12% del mercado nacional con presencia en 28 municipios para atender a nuestra entidad.
“No obstante la caída que ha padecido el mercado marcadamente en nuestra entidad, el impacto económico de nuestra actividad representa para el Estado de México una gran derrama económica y contribuciones millonarias en IVA e ISAN”.
La regularización de vehículos ilegales podría afectar al mercado automotor hasta en un 30%, con consecuencias desastrosas para la recaudación fiscal, la inversión y el empleo formal.
Más allá del daño al sector, resaltó que la regularización constituye un incentivo perverso al comercio ilegal, constituye una fachada para el lavado de dinero, fortalece la cadena de corrupción y más grave aún, estimularía la introducción de dinero en efectivo y recursos para la delincuencia.
Para el consumidor representaría la minusvalía de sus vehículos por la entrada de unidades irregulares, de dudosa calidad y condiciones físico mecánicas que generalmente no cumplen con los estándares necesarios impactando negativamente el precio de los autos nacionales en orden.
Recomendó que los consumidores analicen antes de adquirir este tipo de unidades los costos de refacciones y mantenimiento, además de considerar que las Aseguradoras tienen como política no asegurarlos, limitando su cobertura estrictamente a daños a terceros, lo que pone en riego el patrimonio de sus familias.
Para la sociedad representa además un riesgo la circulación de vehículos que no cumplan con las condiciones de emisión de contaminantes, seguridad vial y legalidad.
“Somos sensibles a la problemática que representan los vehículos irregulares, por lo que proponemos que las autoridades generen instrumentos que salvaguarden el estado de derecho, cumplan con los principios de equidad, proporcionalidad y establezcan las condiciones para ordenar el parque vehicular garantizando el cumplimiento de obligaciones legales, ambientales, fiscales y aduaneras”. Subrayó la representante empresarial.
“La industria automotriz no objeta la importación y circulación legal de vehículos usados y es sensible a la problemática que se presenta principalmente en la franja fronteriza, pero también tiene presente que el gobierno federal, estatal y municipal cuentan con facultades suficientes para remediar el problema, que en muchas ocasiones han sido omisas en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que es la verdadera causa de la persistencia de la circulación de vehículos chatarra”.
“Programas como el de reemplacamiento en el Estado de México han demostrado su eficacia para mitigar esta problemática”. Finalizó Ma. de los Ángeles Arriaga.
