#OpiniónYAnálisis por #PeríclesDeBuenHierro
Perícles De Buen Hierro
En días recientes, se dio a conocer que el diputado federal Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y sancionar con hasta seis años de prisión a quienes creen o difundan memes, stickers, audios o videos manipulados digitalmente sin consentimiento, especialmente si estos causan daño a la reputación o dignidad de una persona.
La propuesta, conocida como “Ley Anti-Stickers”, busca adicionar los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9, con el objetivo de penalizar la creación y difusión de contenidos digitales manipulados mediante edición o inteligencia artificial (IA) cuando: no se cuente con el consentimiento de la persona involucrada; el contenido tenga como finalidad ridiculizar, acosar, suplantar o dañar la dignidad de alguien; y se considere una forma de violencia digital, especialmente si las afectaciones recaen en menores de edad, personas con discapacidad o servidores públicos.
Las sanciones contempladas van de tres a seis años de prisión y hasta 600 días de multa. Si la víctima es un servidor público en funciones, la pena se incrementaría hasta en una mitad. Además, se agrava si el contenido se difunde masivamente en redes sociales o causa daño psicológico, laboral o social.
La iniciativa no ha sido discutida ni dictaminada, pues carece del respaldo político necesario para avanzar en el proceso legislativo. Incluso Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, ha señalado que no será aprobada, al considerar que atenta contra la libertad de expresión.
Pero más allá del estatus legislativo, vale la pena reflexionar sobre el trasfondo de esta propuesta. ¿Realmente nace de una preocupación genuina por proteger a la ciudadanía del uso indebido de la IA y de la exposición digital no consentida? ¿O se trata más bien de una estrategia para erradicar las críticas, burlas y sátiras dirigidas a figuras públicas?
Si bien la iniciativa busca limitar la difusión de contenido íntimo o manipulado sin consentimiento —como amenazas, acoso, suplantación de identidad o extorsión—, llama la atención que exista un enfoque particularmente para blindar a los servidores públicos frente a lo que se considera violencia digital. Según la organización Artículo 19, esto podría constituir una forma de censura y convertirse en un instrumento para judicializar el humor y la crítica ciudadana, inhibiendo la expresión en redes sociales.
La suspicacia sobre el verdadero objetivo de la iniciativa se alimenta de antecedentes similares impulsados por Morena. En la Ciudad de México, se propuso una Ley para Regular Influencers, que contemplaba la creación de una plataforma nacional para monitorear contenido, permitir quejas y aplicar sanciones económicas, incluyendo la eliminación de publicaciones. En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta presentó una iniciativa para sancionar insultos y agresiones en redes sociales.
Estas propuestas revelan una tendencia por parte de Morena a intentar regular el entorno digital. Aunque muchas han sido frenadas o modificadas por presión social y de organizaciones defensoras de derechos digitales, comparten elementos preocupantes: ambigüedad en términos como “ridiculizar”, “dañar la reputación” o “contenido ofensivo”; ausencia de excepciones para la parodia, sátira o crítica política —ámbitos en los que México se distingue por su ingenio y espontaneidad—; riesgo de censura y uso discrecional por parte de funcionarios públicos; y un impacto negativo en la libertad de expresión, especialmente en redes sociales.
En ese sentido, vale la pena invocar a Xavier López “Chabelo” y proponerle a la clase política una catafixia. ¿Qué tal si, en lugar de buscar mecanismos para censurar la parodia, sátira o crítica hacia los funcionarios públicos, nos concentramos en tener personajes públicos que se conduzcan con decoro, preparación y respeto en los espacios públicos?
Después de todo, muchas de las burlas y memes surgen precisamente por la falta de habilidad o experiencia que demuestran ciertos funcionarios al interactuar con los medios o ejercer sus funciones. Esa sí sería una medida efectiva para reducir los memes: dejar de proporcionar la materia prima para la crítica y la sátira.
