#OpiniónYAnálisis por #CynthiaValeriano
Cynthia Valeriano
Recientemente el Congreso aprobó reformas a la Ley Federal de Derechos, al Código Fiscal de la Federación y a Ley del IEPS, estos cambios se dan en un momento en el que existen enormes presiones sobre las finanzas públicas para generar y mantener ingresos estables a lo largo del 2026, tanto estas reformas como la Ley de Ingresos buscan fortalecer la recaudación, reducir la evasión fiscal y ampliar la base fiscal sin necesariamente emplazar a una gran reforma fiscal que altere los dos impuestos más importantes del país: el IVA y el ISR.
Empecemos por analizar los cambios a la Ley Federal de Derechos que parte de la premisa de reflejar una mayor coherencia normativa y ajustar las cuotas y tarifas para acercarlas al costo real de los servicios públicos. Entenderemos como “derechos” todos aquellos recursos que percibe el gobierno como contraprestación por servicios específicos que presta en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, por ejemplo en el pago que hacemos por acceder a trámites administrativos, servicios públicos o uso de bienes públicos (la emisión de un pasaporte, permisos, certificaciones, cedulas de identidad, constancias, renta de espacios públicos, la extracción de recursos naturales, etc.).
La principal diferencia con respecto a los impuestos, tiene que ver con la población que debe pagarlos, es decir, mientras los impuestos son de cobro general, los derechos solo son pagados por usuarios específicos de bienes o servicios provistos por el gobierno.
Los “derechos” históricamente han representado menos del 4% del total de los ingresos federales, en los últimos 10 años (del 2016 al 2026), solo en el 2017 se incrementaron hasta llegar a un 6.4% del total de los ingresos esperados, pero existe una condición importante que debemos reflejar: la magnitud del ingreso esperado (y por ende del gasto) ya que el cálculo de este porcentaje depende de este factor, para que pueda dimensionarlo de mejor manera, mientras en el 2016, el ingreso esperado era de 4.7 billones de pesos, para el 2026 se espera un ingreso de 10.19, es decir, un incremento de 116.8%, por eso no es de extrañar la búsqueda exhaustiva en la que se encuentra el gobierno federal en aras de obtener una mayor fuente de recursos y que estos sean lo más estables posibles.
¿Y que cambios se proponen para el 1 de enero del 2026 por la vía de derechos, es decir, que buscan que se incremente para poder generar los más de 150 mil millones de pesos que espera obtener la federación por este cambio?:
• En materia migratoria se aprueba un incremento del 14.2 % para visitantes sin permiso de trabajo, 100 % para residentes no nacionales temporales y permanentes, considerando un descuento del 50 % para aquellos casos de “reunificación familiar” o invitaciones culturales, de igual forma un nuevo precio de 294 pesos para autorizar formatos de salida de menores al extranjero.
• En el sector financiero, se eleva en un 16% todos aquellos derechos asociados a la inscripción de valores, supervisión de emisoras, inspección y vigilancia de casas de bolsa, fondos de inversión, banca múltiple y banca de desarrollo,
• En aeronáutica y transportes: nuevos cobros por vuelos no regulares, eliminación de la extensión para aeronaves privadas sin fines de lucro salvo protección civil y ambulancias aéreas, con incrementos que van del 19.7% hasta el 57% tratándose de certificación de vuelos de inspección,
• En telecomunicaciones: ajustan los derechos por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico a fin de “ampliar la cobertura y acceso a servicios” de telecomunicaciones.
En una primera instancia podemos decir que la propuesta de incrementos permite reducir las brechas entre costo e ingreso del Estado al prestar cierto tipo de servicios por lo que busca que aquellos sectores que generan un costo por servicios como la supervisión financiera, aeronáutica o de telecomunicaciones, contribuyan para reducir la dependencia exclusiva de impuestos generalizados.
El mecanismo de ajuste también sirve para actualizar las tarifas al ritmo de la inflación, o bien redistribuir las cargas por ajuste inflacionario, dejando sin cambios el costo de servicios más generalizados para la población sin cambios y que el importe por actualización lo absorban sectores con mayor poder adquisitivo.
Sin embargo, el diseño de la propuesta también tiene riesgos asociados, el primero tiene que ver con esta percepción, principalmente en el sector empresarial, de que se trata de una especie de “reforma fiscal disfrazada”, que, aunque no toca los impuestos más importantes para el ingreso federal, si abona a actualizar gradualmente el estado fiscal de la economía.
Por otro lado, algunos sectores como el turístico, alertan sobre la posibilidad de afectar el sector al incrementar la tarifa de visitante a nuestro territorio, sobre todo si el próximo año esperamos un incremento en la derrama económica a causa del Mundial del Futbol o reducir la movilidad laboral calificada que ciertamente ha generado problemáticas concretas como la gentrificación en diversas ciudades pero que son las mismas que se benefician del incremento en el gasto per cápita de los nómadas digitales y la diversificación económica.
Finalmente hablando del sector financiero, es probable que el incremento en las tarifas encarezca la operación y que el sobrecosto sea trasladado indirectamente al usuario en forma de comisiones, reduciendo la competencia y complejizando aún más las metas de inclusión financiera.
A nadie le gusta tener que pagar más por los servicios que recibe del Estado, es por ello que los contribuyentes deben percibir un beneficio o servicio público concreto que justifique el pago, los turistas deben observar mejoras en la infraestructura, la seguridad y la accesibilidad de los servicios para que se justifique el pago por visitar nuestro país, las empresas de servicios financieros observar un mayor nivel de profesionalismo, agilidad y transparencia en los procesos de supervisión y otorgamiento de permisos igual que el sector de telecomunicaciones y aviación, por lo que en principio, si los derechos se usan para financiar gasto corriente sin que haya una vinculación clara con el servicio prestado, se corre el riesgo de vulnerar el principio de que los derechos son para costear servicios específicos y no sustituir impuestos.
No es novedad que ante las presiones de gasto se utilice el mecanismo para allegarse de recursos, ejemplos tenemos miles, pero uno de los más significativos fue la creación de la verificación vehicular en 1993 que surgió para reducir el flujo vehicular y controlar la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México con resultados más que cuestionables.
En fin, urgencia de recursos, claramente existe, pero ciertamente debería establecerse un mecanismo claro de evaluación de impactos, principalmente en un momento en el que entre la reforma al Poder Judicial y la reforma a la Ley de Amparo, los empresarios proyectan dudas sobre el futuro de la inversión en nuestro país, no vaya a resultar más caro el remedio que la enfermedad.
MGPP Cynthia Valeriano López
Profesora de Economía
Tec de Monterrey, Campus Toluca
cvaleriano@tec.mx
