Esta película ya la hemos visto y sigue sin pasar nada trascendental
En días pasados el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez entregó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados Federal, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
El informe que presentó el auditor superior contiene en su interior inconsistencias estimadas en 165 mil millones de pesos en números cerrados; de los cuales 100 mil millones son atribuibles o responsabilidad del gobierno federal y 65 mil millones de pesos con responsabilidad de las entidades federativas y de los municipios. Es importante señalar que estos montos dados a conocer por Juan Manuel Portal, obedecen a probables irregularidades en el manejo de los recursos públicos, es decir, las observaciones y sus correspondientes importes tendrán que ser notificadas a la entidades de la administración pública federal para que sean atendidas con oportunidad y así estar en condiciones de determinar si estas observaciones son presuntas irregularidades o se tipifican como irregularidades.
Es importante destacar que el auditor superior de la federación, no da a conocer cuál fue el tamaño de la muestra que fue sujeta a un proceso de fiscalización superior, es decir que fue fiscalizada de los 4.6 billones de pesos que se ejercieron en el año 2015. Porque es importante precisar que ni la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), ni ninguna otra Entidad de Fiscalización Superior Local (EFSL), entre ellas la del Estado de México (OSFEM), posee la capacidad humana y técnica para revisar y fiscalizar el 100% del presupuesto ejercido en un año.
Señalaba el auditor superior en sus líneas discursivas que la institución a su cargo realizó 1, 643 auditorías, entre ellas 14 auditorías forenses, cuyos resultados de estas últimas, presumen un desvió de recursos o un daño al erario, que implican la comisión de un delito que deberá ser denunciados ante la Procuraduría General de la República para que inicie las carpetas de investigación correspondientes. Lo grave de estas cifras dadas a conocer por el auditor superior es que, independientemente del monto de las observaciones, el control preventivo o interno que se realiza en cada dependencia federal, no está siendo adecuado ni efectivo, muestra de ello es que el control externo realizado por la ASF lo ha evidenciado.
En otro apartado de su disertación Juan Manuel Portal enfatizó que hay entidades de la administración pública federal que omitieron el contenido del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, amañando licitaciones para desviar recursos, entre ellas destacó a las secretarías de: desarrollo social, desarrollo urbano, educación y agricultura. Curiosamente, de entre ellas, destacan las dos que más recursos ejercen en un año fiscal.
Recordemos que hace una año cuando el auditor superior presentó el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, dejó en segundo término las 1,659 auditorías que había realizado y los 48 mil 800 millones de pesos que había sido observados. Le dio especial importancia a dos aspectos fundamentales: primero, a las 11 áreas de vulnerabilidad que había detectado en la gestión de las entidades públicas; y la segunda, en los 63 mil 237.3 millones de pesos que su institución había recuperado del año 2009 al 2015. En contraste, en el informe recientemente presentado (2015) destaca los montos y las auditorías realizadas, omitiendo un pequeño detalle, comentarnos que pasó con las 11 áreas de vulnerabilidad que un año antes había detectado; se corrigieron, desaparecieron o que pasó con ellas.
Y la gota que derramó el vaso de sus argumentaciones, enfatizó que del año 2011 al 2015 el monto de recursos a solventar por las entidades públicas federales, las entidades federativas y los ayuntamientos asciende a casi 216 mil millones de pesos, reconociendo públicamente que son recursos que difícilmente se podrán recuperar, “porque ya se los llevaron”. Por favor señor auditor no declare eso, pues al hacerlo, le está abriendo la puerta a los servidores públicos encargados de recibir, administrar y ejecutar recursos públicos, sus declaraciones les permite confirmar que al final del día no pasa nada. No cree usted que ya con los asuntos de los exgobernadores recientes tenemos suficiente, ya no arrime más fuego a la hoguera.
Como esta película ya la hemos visto en repetidas ocasiones y sigue sin pasar nada trascendental, necesitamos como sociedad que con urgencia pase algo, entre otras cosas:
Evaluar la pertinencia y utilidad real de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados Federal, porque no sabemos a bien, en que contribuye en las tareas de fiscalización superior.
Separar de la fiscalización superior lo político de lo técnico, otorgándoles autonomía constitucional a la ASF y a las EFSL, ya no pueden seguir siendo juez y parte, ya es hora de que éstas dejen de tener como jefes inmediatos o directos a los diputados integrantes de una legislatura.
La voluntad política de la PGR para iniciar carpetas de investigación contra los servidores públicos corruptos, y del poder judicial para enjuiciarlos y confiscarles o enajenarles sus bienes.
Voluntad política de nuestros señores legisladores para que opere ya, en su totalidad el Sistema Nacional Anticorrupción y los respectivos sistemas estatales.
Fortalecer los esquemas de control interno en cada una de las dependencias, pues evidencias inconsistencias graves, sobre todo en los ejercicios de adquisiciones y de obra pública.
Jorge Carrión
@jocait69
