Pachuca de Soto, Hidalgo.- Las irregularidades de la administración pública estatal incrementaron 60 por ciento, documentó la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) luego que ayer entregó al Congreso local la cuenta pública 2015.
Los poderes del estado, organismos autónomos, paraestatales, descentralizados y municipios presentaron inconsistencias en el manejo de recursos por un monto total de 820 millones de pesos, mientras que en el ejercicio 2014, las observaciones de la Auditoría sumaron 476 millones.
De acuerdo con el informe presentado ayer, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán solventar 434 millones 252 mil pesos, los organismos autónomos y descentralizados del sector paraestatal 75 millones 191 mil pesos, los municipios 301 millones y organismos descentralizados municipales 9 millones 485 mil pesos.
Tendrán que comprobar los señalamientos en un plazo de 30 días a partir de que sean notificados, informó el auditor Rodolfo Picazo Molina durante entrevista en el Congreso.
La intervención de la Auditoría derivó en reintegros de recursos por 25 millones 710 mil pesos y la conclusión de obras o ampliación de metas proyectadas por 8 millones 368 mil pesos.
El Poder Ejecutivo tendrá que solventar 426 millones 422 mil pesos. Los montos más fuertes son por falta de documentación comprobatoria por 214 millones y falta de documentación justificativa de las erogaciones por 103 millones de pesos.
Ese poder también incurrió en falta de reintegro por economías en el orden de 54 millones y faltante de bienes por 20 millones.
La dependencia gubernamental con mayores observaciones es la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), por el programa de útiles escolares y uniformes, luego que compró materiales que ingresó a almacenes, pero no demostró a quién fueron entregados.
Además, 18 millones de pesos no cumplen los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
El Poder Legislativo, órgano del cual depende la ASEH, solventó todas sus observaciones, mientras que el Poder Judicial deberá aclarar 7 millones de pesos por falta de documentación justificativa de las erogaciones y omisión de documentación comprobatoria.
Por Daniel Martínez Martínez
