- Edomex es la entidad con mayor número de niñas y niños en centros de reclusión: Karina Labastida
- Propone mayor asignación presupuestal y acompañamiento psicológico
Al señalar que la mayor parte de niñas y niños que viven en centros penitenciarios del país se encuentran en la entidad, con 128 menores, la diputada Karina Labastida Sotelo, en nombre del grupo parlamentario de Morena, propuso reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México para reconocer la situación especial en que se encuentran quienes viven con sus madres o padres en prisión, garantizar sus derechos y priorizar políticas incluyentes.
La legisladora explicó que su propuesta establece la colaboración y coordinación entre instituciones de la administración pública que por la naturaleza de sus atribuciones deban intervenir en el cumplimiento en salvaguardar los derechos humanos de las niñas y niños durante su estancia en los centros penitenciarios, y una vez fuera, restituirles sus derechos, así como procurárseles en la transición del centro al entorno familiar o de la comunidad, adaptándose a una nueva realidad.
Plantea la asignación de mayores recursos a las instituciones públicas o privadas encargadas en la atención de sus necesidades, que prevalezca el interés superior de la niñez en el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para su protección, así como sentar el derecho de contar con acompañamiento psicológico durante su estancia en el centro, durante el proceso de separación de su madre-padre y su incorporación a la sociedad y el derecho a un espacio digno en los centros penitenciarios.
La propuesta, que analizarán las comisiones de Derechos Humanos y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, también señala la obligación del Estado de implementar protocolos y perfiles idóneos que garanticen personal calificado que tenga contacto con las niñas y los niños durante su estancia en el centro y en el seguimiento de su vida fuera de prisión, así como el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.
