- Este martes firmó convenio para hacerlo con Toluca, pero lo ha hecho con otros 8 municipios mexiquenses en alerta de género
Con el indicador que en 2 años de operación, las denuncias ante el Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar han crecido 8 veces, el Poder Judicial informó que está en proceso de capacitar a servidores públicos municipales en la aplicación de medidas de protección por violencia familiar y al momento ha firmado convenio con 9 de los 11 municipios mexiquenses en alerta de género por feminicidio o desaparición.
Este martes al firmar el convenio con el municipio de Toluca, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar, dijo que por el número de denuncias recibidas en el juzgado, se ve necesario que policías, personal de DIFs municipales y todo servidor que pueda intervenir en las medidas de protección que otorga el Poder Judicial, conozcan el mecanismo y sepan aplicarlas.
Dijo que la Violencia familiar es uno de los problemas más graves que se viven en la entidad y que la intención es capacitar al personal de los 125 municipios, pero se ha iniciado con los que están en alerta por la incidencia que tienen y paulatinamente se abrirá la capacitación del resto en la Escuela Judicial.
Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Cuautitlán, Naucalpan y Toluca, son hasta ahora los municipios con alerta que ya tiene, convenio de capacitación, por lo que sólo faltan Tlalnepantla y Tultitlán, para cubrir a los 11 que tienen declaratoria.
El alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, comentó que en los últimos 10 años la violencia familiar en la capital del estado ha incrementado y es uno de los pilares de acción fundamentales del gobierno local, por lo que se ha trabajado en la prevención y se espera tener más herramientas de actuación a partir de la vinculación con el Poder Judicial.
En 2021, el Poder Judicial mexiquense dictó 270 medidas y a la fecha lleva mil 642 medidas de protección a víctimas de violencia de género, las cuales consisten entre otras cosas en la prohibición al agresor de acercarse o comunicarse a la víctima, separación del domicilio, recuperación de documentos de la víctima que pueda tener el agresor, prohibición de amenazas, así como vigilancia del domicilio y protección policial de la víctima.
