- Dada la contiengencia sanitaria el PJEDOMEX dio celeridad a los procesos para garantizar el Derecho a la Protección de la Salud.
- La CODHEM exhortó al Poder Judicial mexiquense y a la Secretaría de Seguridad estatal, a fortalecer el programa de preliberaciones al tiempo que se fortalecen la prevención del delito y la reinserción social, al timepo que manifestó su apoyo a la creación de una Ley de Amnistía en el Estado.
Este Lunes se informó que mediante el Programa de Preliberación Penitenciaria, propuesto por el Poder Judicial, en esta contingencia sanitaria por Coronavirus son ya 660 Personas Privadas de su Libertad (PPL) de centros penitenciarios del Estado de México, quienes han obtenido un beneficio preliberacional, por lo que compurgan su sentencia fuera de prisión.
Juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México otorgaron dichas medidas del 20 de marzo al 20 de mayo, las cuales incluyen en algunos casos, la colocación del brazalete electrónico, garantizando así el Derecho a la Protección de la Salud, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que en los penales aumenta el riesgo de contagio por COVID-19.
Para obtener algún beneficio preliberacional, las personas privadas de su libertad cumplieron con los requisitos establecidos en los artículos 136 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias.
El artículo 136, sobre Libertad Condicionada, establece que el juez de Ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada, bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico.
Mientras que el Artículo 146 del mismo marco jurídico, habla de la Solicitud de preliberación y señala que la autoridad penitenciaria, con opinión de la Procuraduría (Fiscalía), podrá solicitar al Poder Judicial la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas de acuerdo con ciertos criterios.
Entre ellos, que se trate de un delito cuya pena máxima sea de seis años de prisión, sean delitos patrimoniales o culposos, entre otros.
Mientras esto se daba a conocer, la Codhem se pronunció por la necesidad de abatir la sobrepoblación y el hacinamiento en los Centros de Prevención y de Reinserción Social, situación advertida en los informes especiales penitenciarios publicados en 2018 y 2019, y señaló la necesidad de despresurizar los penales, al ser también escenarios de riesgo para la propagación del COVID-19, por lo que solicitó a la Secretaría de Seguridad estatal, continuar los esfuerzos para identificar a las PPL que reúnan los requisitos legales para que sus expedientes sean sujetos de análisis técnico-jurídico por parte del Poder Judicial del Estado de México y, de ser procedente, se les otorguen los beneficios de prelibertad.
Asimismo, dada la presentación reciente de grupos parlamentarios de la LX Legislatura local y organizaciones no gubernamentales de sus iniciativas de Ley de Amnistía para el Estado de México, la CODHEM propuso convocar a instancias que aporten criterios científicos, académicos, sociales y jurídicos, sustentados en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL), para cohesionar una ley integral que abarque las problemáticas de fondo.
A través del Pronunciamiento emitido con esta misma fecha, el organismo defensor presidido por el ombudsperson Jorge Olvera García, señaló la importancia de que la iniciativa sea enriquecida con elementos que satisfagan los beneficios que, de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos, deben otorgarse a personas en ese contexto y se reafirme la prevención del delito, su inhibición y la correcta reinserción social.
La Comisión reconoció en la amnistía un invaluable proceso de apoyo para la liberación de PPL, al beneficiar a un grupo en especial situación de vulnerabilidad en reclusión; y subraya que debe armonizarse con el sistema de reinserción efectiva y de corresponsabilidad social postpenitenciaria, para que quienes sean liberados, logren su reinserción mediante un modelo de gestión penitenciaria con mecanismos de apoyo al exterior, para lo cual es indispensable hacer alianzas y pactos sociales con los sectores económicos y del Estado para garantizar su retorno a la sociedad.
DATO:
El 22 de abril de 2020, la Ley de Amnistía fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, ordenamiento legal con el que se busca subsanar la injusticia provocada por la pobreza, la marginación y la exclusión social, factores que han llevado a la prisión a mujeres, jóvenes e indígenas por los delitos de aborto, homicidio por razón de parentesco, delitos contra la salud, robo simple y sedición.
