Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- Los elementos policiacos en activo no pueden ser considerados para ingresar a otra corporación de seguridad pública, sea estatal o municipal, informó Rafael Guerrero Gómez, Secretario de Seguridad Ciudadana en Tulancingo.
Lo anterior porque en sus corporaciones de origen en su momento se realizaron inversiones económicas y de tiempo importantes para sus exámenes, capacitación y uniformes, entre otros rubros.
El funcionario señaló que se estableció acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) para evitar la movilidad laboral entre corporaciones.
En el caso de la corporación de seguridad ciudadana en Tulancingo, la inversión económica en cada elemento policiaco de nuevo ingreso es de entre 40 mil a 50 mil pesos.
Dicha cantidad de dinero incluye la aplicación de exámenes de control de confianza, sicológicos, psicométricos, así como pruebas de toxicología.
A ello se agrega las capacitaciones en temas legales, así como de adiestramiento físico, además de la entrega de uniformes y equipo de trabajo.
Pero además de la inversión económica, al cambiarse el elemento policiaco a otra corporación, sea estatal o municipal, se pierde continuidad en el trabajo, considerando la coordinación y labor de equipo que se debe establecer.
“Creo que es sobre todo por el tema económico la razón por la que se registran salidas de las corporaciones policiacas; los elementos buscan mejorar sus ingresos”, consideró Guerrero Gómez.
Pero por las razones citadas, se estableció el acuerdo formal con la SSPH para en caso de registrar a un elemento policiaco en activo tratando de cambiar de corporación, sea frenado el proceso de ingreso.
Guerrero Gómez aseguró que en el proceso de contratación, se le da a conocer esta situación al aspirante, y este deberá decidir si decide ingresar a la corporación policiaca municipal.
Aseguró que de los 20 policías municipales que este año iniciaron trabajo en Tulancingo, no se ha detectado a ninguno que haya intentado pedir empleo en otra instancia de seguridad pública.
Por Daniel Martínez Martínez
