Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- Para el funcionamiento de un sistema integral y por tanto, funcional de videovigilancia, se requiere la instalación y operación de un centenar de cámaras, señaló el alcalde Julio César Soto Márquez.
“Actualmente están instaladas 22 cámaras con sus torres, pero todas están inservibles, por lo que podemos decir que no hay un sistema de videovigilancia como tal”.
Dichas cámaras fueron instaladas en el año 2007, pero apenas un par de años después, fueron obsoletas, al no ser actualizado el sistema que se monitoreaba desde el C4 regional.
El edil señaló que actualmente se carece de recursos económicos para poder llevar a cabo la instalación tanto de las cámaras, como del centro de monitoreo, como ya existe en ciudades como Saltillo, Puebla o Querétaro.
“Para la ciudad de Tulancingo, se requiere de una inversión entre los 50 y 60 millones de pesos, donde se incluya la compra e instalación de los equipos de monitoreo, como de las instalaciones generales de un C2 específico”.
Recordó que el intento de instalación de un centro de comando y monitoreo para Tulancingo, que se anunció en 2011, no se concretó, porque nunca fue dotado del equipamiento suficiente para su operación integral.
Dicho centro, operaría en la comandancia general de la policía municipal, ubicada en la colonia El Paraíso, edificio que de hecho, fue entregado con problemas estructurales y de operatividad.
Soto Márquez consideró que además de las entradas y salidas a la ciudad de Tulancingo, se tendría que considerar la instalación de los equipos de monitoreo en otros espacios como los museos y edificios de servicio administrativo.
Agregó que también se tendrá que considerar instalación en zonas donde se ha registrado gran incidencia delictiva, como Napateco y la zona norte de la ciudad.
El alcalde justificó no haber concretado la creación y operación de un C2, debido a las dificultades administrativas para poder acceder a fondos económicos.
Por tanto, insistió en el tema de otorgar mayores potestades a los municipios, tanto para generar recaudación propia, como para gestionar recursos públicos en general.
Por Daniel Martínez Martínez
