Sostienen que la nueva Ley no vulnera los derechos de los trabajadores en activo, ni de los pensionados actualmente, y si amplia beneficios. Faltan transparencia y garantías de buen manejo dicen los opositores.
La Ley recientemente aprobada en medio de la polémica entre legisladores y el rechazo de algunos servidores públicos en activo, obliga a revisar los argumentos expuestos por quienes la promueven y los que la han rechazado, para no perder de vista que quizá esta Ley por sí sola no será el remedio de todos los males del ISSEMYM pero abre espacio a la toma de decisiones paralelas que realmente lo fortalezcan para que siga cumpliendo con sus funciones y prestación de servicios por mucho tiempo.
Los promotores…
A decir del propio Ejecutivo del Estado, el ISSEMYM y la bancada del PRI, la Ley de Seguridad Social asegura la permanencia del sistema de seguridad social de los servidores públicos mexiquenses y da sustentabilidad financiera.
Preserva los derechos de los trabajadores en activo, de los pensionados y pensionistas al mantener intactos los beneficios, derechos y prerrogativas de las que disfrutan actualmente, es decir, se mantienen requisitos de edad y tiempo de servicios para acceder a una pensión, condiciones generales y servicios.
Se contempla, además, un incremento en las aportaciones que pagan las Instituciones Públicas de 6.5 por ciento que se destinarán tanto al rubro de pensiones como a fortalecer los servicios de salud en materia de suministro a los medicamentos, modernización de equipos médicos e introducción de nuevas tecnologías para fortalecer el perfil preventivo y de detección temprana de padecimientos.
A los servidores públicos en activo se les aplicará un ajuste en sus cuotas, por abajo de la inflación, mismas que se destinarán 1.5 por ciento a servicios médicos y el 2 por ciento restante a su ahorro en el fondo de pensiones.
Con esta nueva ley, los servidores públicos que ingresen a partir de 2019 y a aquellos que actualmente se encuentren en activo, y que deseen migrar al nuevo régimen, se les abrirá una cuenta individual en una administradora de su libre y personal elección, donde se depositarán las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, ya sea por cesantía en edad avanzada y vejez, lo que abre la puerta a la portabilidad de derechos y los trabajadores podrán migrar a otras instituciones de seguridad social sin perder sus ahorros para el retiro.
Se resalta además la creación de un Sistema Integral de Créditos compuesto por un fondo intocable y permanente para hacer efectiva la prestación de préstamos personales e hipotecarios en beneficio de las familias de los servidores públicos.
Los represetantes de organizaciones sindicales de instituciones públicas, como el SUTYEM, SMSEM, SUTESUAEM, hasta el momento han brillado por la ausencia de sus respuestas o análisis, ante la exigencia de algunos servidores públicos inconformes.
PERO…
Para los diputados locales del PAN en el Estado de México el rechazo a la reforma a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios se da porque no salvaguarda los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexiquenses.
No encuentran una garantía de respeto al fondo de pensiones para los trabajadores del sector del sector público de la entidad mexiquense y tampoco precede a la propuesta una auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), sobre las causas de la crisis financiera del ISSEMYM, para que se deslinden responsabilidades.
Además…
Desde la bancada legislativa del PRD el rechazo a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, se da porque el Ejecutivo estatal antes de poner en riesgo a todos los servidores públicos, debió realizar consultas sobre el tema con los trabajadores y no sólo argumentar simplemente el colapso del Sistema de Pensiones y atención médica.
Asimismo estiman indispensable conocer el estado actual que guarda el ISSEMYM, ya que según la propuesta del Titular del Ejecutivo Estatal, en la actualidad paga pensiones a 59 mil 610 derechohabientes, cantidad que de duplicarse en los próximos 5 años llevarían al instituto a un colapso financiero. Dentro de la misma se apunta la ampliación de tres años, la edad para que los servidores públicos puedan ejercer su jubilación estableciendo un tope de hasta 75 y un mínimo de 65.
Reprochan también que no hubiera tiempo suficiente para estudiar la propuesta y que en ocasiones anteriores, ante los problemas que el ISSEMyM ha enfrentado, persistió la falla en el reporte de las retenciones hechas a los trabajadores hacia el Instituto y no se ha despejado la sospecha de los malos manejos de los fondos de pensiones para fines electorales.
Recuerdan que en el esfuerzo por sanear las finanzas del Instituto en el año 2007, 2009 y 2012, se impuso a los servidores públicos adicionándoles cargas tributarias para garantizar el sistema de pensiones justo, y las aportaciones sobre pasaban las de los trabajadores que cotizaban ante el IMSS o ISSSTE.
La última modificación a la ley hecha en 2012, por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, permitió incrementar las aportaciones por atención médica y del sistema de capitalización individual, además de subir la edad para poder alcanzar la jubilación de 60 a 63 años, y ahora nuevamente está en aprietos.
Persiste así la exigencia por conocer que fue lo que salió mal, a cuánto asciende la deuda real del ISSEMyM, quienes son los que más adeudan de las aportaciones de los trabajadores no reportadas al Instituto, el grado de descomposición financiera que alcanza hasta a la Universidad Autónoma del Estado de México, quien tiene un adeudo a este año de más de 1,300 millones de pesos, y esto puede ser verificado en su portal de transparencia.
Se exige asimismo conocer a los responsables del quebrando del Instituto y el resarcimiento del daño causado, como un acto de prudencia y responsabilidad social, antes de maltratar a los trabajadores por los malos manejos de la clase gobernante.
La historia no acaba aquí…
Desde la bancada legislativa de MORENA, el rechazo a la medida abrió la puerta para advertir que en la próxima Legislatura cuando ostenten la mayoría el tema podría retomarse y modificar la Ley recientemente aprobada.
