Representantes de la organización argumentan que con esta medida los profesionales de la salud pierden certeza jurídica y los padres de familia el derecho a educar y dar cuidado a sus hijos
Representantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) en el Estado de México exigieron a los diputados locales reconsiderar la sanción contra las denominadas terapias de conversión para modificar preferencias sexuales o identidad de género, con el argumento de que la medida atenta contra el derecho de los padres a educar a sus hijos y contra el ejercicio de profesionales de la conducta.
Los inconformes con la disposición que ya se aprobó en comisiones, se manifestaron frente a la sede del Poder Legislativo y señalaron que desde su perspectiva, la iniciativa impulsada por Morena criminaliza a los padres de familia que se preocupan por las inquietudes de sus hijos y resta certeza jurídica a quienes prestan servicios de atención psicológica de manera profesional.
La presidenta del FNF en el Estado de México, Ángeles Bravo Álvarez, consideró en ese sentido que la propuesta obedece a un criterio ideológico pero carece de análisis, por lo que debe evitarse que se apruebe en pleno y entre en vigor, pues de lo contrario se prevé que haya sanciones indiscriminadas contra quienes presten o busquen atención frente a inquietudes sexuales.
“Cómo es posible que haya esa intención de sancionar a los padres de familia por hacer lo que tenemos que hacer que es atender a nuestros hijos y preocuparnos por ellos, ya si luego el psicólogo nos dice, no se preocupe, todo va bien, no hay problema pues no hay problema, pero cómo vas a sancionar a un padre de familia solamente por tener la intención de educar a sus hijos”.
Los integrantes del FNF en la entidad señalaron que sí debe haber sanciones contra este tipo de tratamientos, pero únicamente cuando se presten por parte de personas que no cuentan con preparación profesional e incurren en prácticas violatorias de derechos, mas no cuando se hace con base en códigos de ética y con la voluntad de quien lo toma.
El dictamen aprobado en comisiones, establece sanciones de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y multas de 50 a 200 días, aunque la sanción penal podría elevarse hasta 3 años más en caso de que la terapia de conversión se practique a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores y cuando se trate de una persona con vínculo familiar directo.
Alberto Dzib
@albertodzib666
