El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso mexiquense, Maurilio Hernández, consideró que la medida no atendería de fondo el problema de sobrepoblación penitenciaria y por el monto que implica, el análisis debe ser más profundo
Pese al reporte de que los centros penitenciarios del Estado de México enfrentan una sobrepoblación del 100 por ciento, no habrá celeridad en el análisis legislativo sobre la autorización de financiamiento para la construcción de dos nuevos penales en la entidad, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Maurilio Hernández González.
En entrevista, señaló que el problema referido por la secretaria de seguridad del estado, Maribel Cervantes Guerrero, no es reciente y se debe revisar a profundidad si con dos penales más bajo la figura de Asociación Público Privada (APP), podría resolverse la situación, pues indicó que con estos nuevos espacios podría garantizarse la atención de 4 mil personas privadas de su libertad, pero en realidad son alrededor de 15 mil las que deberían reubicarse.
“Nosotros tenemos una capacidad instalada para atender a 13 mil internos y resulta que hay 28 mil, entonces los dos penales que se están proponiendo, a penas sí darían respuesta para 4 mil más, entonces no se resuelve el problema de fondo”.
Recordó que la solicitud del gobierno estatal para los dos penales junto con la rehabilitación de la red carretera del sur de la entidad, consiste en la autorización de acceso a un financiamiento de alrededor de 50 mil millones de pesos, y en este sentido dijo que no puede haber prisas, pues se trata de una cantidad significativa que no puede utilizarse en medidas paliativas, por lo cual los diputados locales continuarán el análisis a su ritmo.
“Es una cantidad muy importante de recursos que el estado tendrá que estar atendiendo, así sea pago de servicios como ya se ha establecido, pero, para dar paliativos pues nos parece que no sería lo más prudente”.
Aunque la Secretaría de Seguridad mexiquense ha destacado que estos proyectos son urgentes en razón de que para diciembre de 2019 se podría legar a una población de 30 mil internos, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad ha sugerido también que se fortalezcan medidas de pre liberación para despresurizar las cárceles estatales y evitar que quienes han delinquido por primera vez, sean influenciados por los de alta peligrosidad.
Alberto Dzib
@albertodzib666
