Las acciones presentadas por el Ejecutivo mexiquense indican más la determinación de cumplir con el deber, que nuevas estrategias y siguen bajo el mando de Eduardo Valiente.
Toluca, México._ Pese a existir cambio de administración en el Estado de México, hay similitudes en las estrategias para combatir la incidencia delictiva, que en este año ha ido a la alza. Esto por que el decálogo de seguridad que presentó el gobernador Alfredo del Mazo Maza hay acciones parecidas a las que impulsó su antecesor Eruviel Ávila Villegas, lo cual genera interrogantes sobre su efectividad futura.
De entrada la administración de Alfredo del Mazo Maza resalta la creación de la Secretaría de Seguridad Pública como punto de partida para dar mayor seguridad a los mexiquenses; sin embargo, en el 2011 la extinta Agencia de Seguridad Estatal (ASE) pasó a ser la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y luego a Comisión estatal (CESC) en el cual pasaron cuatro titulares
También se promete impulsar la depuración de los cuerpos policiacos a partir de los exámenes de Control de Confianza, aunque en el sexenio anterior se reportó que anualmente se evaluaron más de 23 mil 500 elementos y se dieron de baja a 650 servidores por malas prácticas y por violar las leyes.
Asimismo, se propone una Policía moderna, profesional, cercana a la ciudadanía para recuperar confianza y aumentar las denuncias, aunque en el 2014 en plena crisis de inseguridad y con una ola de violencia en el territorio, se crearon las Fuerzas Especiales de Seguridad (FES), con la meta de tener dos mil 500 nuevos elementos de élite, pero únicamente se reclutaron a dos Mil.
A pesar de que se dijo que esta nueva agrupación de excelencia atendería casos especiales para reducir la violencia, finalmente fueron canalizados para crear la Policía de Alta Montaña, Cibernética o Turística en los últimos dos años, sin resultados contundentes.
En combate frontal a la incidencia delictiva, la administración del Gobernador del Mazo Maza reconoce la necesidad de reducir el robo a transporte público, el de vehículos, extorsión, feminicidio, secuestro, homicidio narcomenudeo, entre otros problemas.
Al respecto hay que decir que son pendientes que el anterior gobierno redujo marginalmente a pesar que se activó el Grupo de Coordinación Operativa y se operaron 76 Bases de Operación Mixta (BOM); se decretó la Alerta de Género en 11 municipios, se operó el programa Plan Tres con 332 Mil 775 filtros y se reportó la detención de 30 Mil 600 presuntos delincuentes. Así que algo especial deberán adicionar en este turno al mando.
Adicionalmente destaca en el decálogo de Seguridad de este sexenio, el “Desarrollo de la doctrina y del uso legítimo de la Fuerza”, por ello vale recordar que en 18 de marzo del 2016 se publicó la “La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública”, la cual enfrentó tres acciones de inconstitucionalidad.
El 27 de marzo de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió los recursos y ordenó realizar diversas adecuaciones en parte de los 53 puntos, invalidó un párrafo referente a la discrecionalidad para determinar el uso de la fuerza y aunque la 59 Legislatura aún no se ha pronunciado, en algún momento la Consejería jurídica de Eruviel aseguró que la ley estaba vigente con excepción del fragmento invalidado.
Así, el reto quedó en la forma de capacitar y garantizar que todos los elementos policiales pudieran cumplir dicha ley, desafió que se mantienen vigente para este gobierno que no especificó en el decálogo algo adicional al respecto.
Otros puntos a considerar, se tratan de que en el plan de seguridad que puso en marcha la presenten administración, se buscará consolidar los esquemas de prevención, investigación y persecución de delitos con base a la inteligencia policial, así como el fortalecimiento del sistema único de información criminal y combate frontal a la corrupción.
El Gabinete de Seguridad sigue siendo integrado por la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), no obstante, que en el primer caso a la dependencia se le quitó la carga de tener facultad directa en las políticas públicas seguridad y en el segundo a la institución, meses atrás, se le dio autonomía sobre el Ejecutivo estatal.
Finalmente, el decálogo para convertir a la entidad como la más segura del país, no precisa plazos para dar resultados en el combata a la incidencia delictiva, ni si habrá reestructuración, redistribución o reforzamiento de los uniformados en trabajo de campo.
Cabe recordar, que en las primeras semanas de este sexenio han existido una serie de casos violentos, como la ejecución del comisario encargado en la zona sur y dos agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR), así como otra veintena de asesinados, en su mayoría, con el sello de crimen organizado.
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