El Congreso Puebla avaló la reforma al Código Penal de Puebla, que estipula de 7 a 10 años de prisión, a ciudadanos o personal médico que venda vacunas falsas en contra del COVID-19 o use las reales con fines ilícitos en el estado.
La iniciativa fue enviada por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, donde se fija que las penas aplicarán cuando se venda, distribuya o traslade vacunas falsas o reales, pero con fines ilícitos en el estado de Puebla.
Con base en el documento, se explica que los siete años aplicarán para los ciudadanos y los 10 años para cuando se trate de personal médico, los que incurran en el escenario antes citado.
El proyecto se perfilaba para que fuera avalado por unanimidad, pero la votación no se logró, luego de que la diputada local del PRI, Rocío García Olmedo, explicara que el dictamen debía modificarse para evitar duplicidades con otros ordenamientos de índole federal.
Incluso, el diputado del PAN, Oswaldo Jiménez López, celebró estas sanciones de cárcel previo abstenerse al proyecto y desde su punto de vista, opinó que faltó agregar sanciones penales para quienes lucren con las vacunas con fines electorales.
