Pachuca de Soto, Hidalgo.- La jueza especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, giró orden de aprehensión hacia Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente el motivo de la orden de aprehensión.
Ante dicha situación, el ex rector de la UAEH solicitó un amparo (bajo el número de folio 379/2019) el pasado lunes 27 de mayo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, por lo cual le fue concedida la suspensión de cualquier detención, dos días después.
El Poder Judicial otorgó esta garantía al funcionario universitario a fin de que evite una captura por parte de las autoridades competentes, siempre y cuando el motivo por el cual se le pretenda aprehender no sea bajo delitos considerables graves.
Según la demanda de amparo promovida por el quejoso, la orden de aprehensión la giró la juez de control Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Reclusorio Sur.
Mientras que la juez Sandra Leticia Robledo Magaña, encargada de dictar la suspensión provisional en el cuaderno incidental del juicio de amparo, ya requirió a su homóloga Rodríguez Escobar, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) informar de la existencia de la orden de aprehensión contra Sosa Castelán.
La suspensión del amparo se mantendrá hasta la celebración de audiencia para determinar si se concede de forma definitiva, o se niega la suspensión, solicitando además a Sosa Castelán una garantía por 51 mil pesos.
Horas más tarde de que fluyera dicha información, la UAEH dio a conocer un comunicado, señalando que Adolfo Pontigo Loyola, actual rector, “informa que no existe orden de aprehensión alguna en contra de ninguna autoridad de esta institución, por lo que niega categóricamente las versiones que circulan en medios de comunicación sobre dicho tema”.
“Hasta el momento las autoridades no tienen ninguna constancia o notificación oficial de que exista alguna orden de aprehensión en contra de los representantes de la universidad, motivo por el cual el Juez solicitó a todas aquellas entidades judiciales que pudieran intervenir en un mandamiento de captura, le rindan un informe detallado de cualquier circunstancia relacionada con el tema”.
“El rector Pontigo Loyola subrayó enfáticamente que hasta el momento el cuerpo jurídico encargado de los asuntos legales de la universidad, no ha sido notificado de ningún procedimiento judicial”, señala el comunicado.
Por Daniel Martínez Martínez
