Pachuca de Soto, Hidalgo.- Pobladores del municipio de Calnali exigieron al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) resolver el juicio político contra el alcalde Isaid Acosta Téllez, pues acusaron que al no existir una sentencia, continúa en funciones pero no resuelve asuntos de servicios básicos como la recolección de basura.
Un grupo de alrededor de 50 habitantes, que forman parte del Consejo Ciudadano de Colaboración de Calnali, dijeron que dicha problemática se agudizó desde que el pasado 18 de junio el Congreso de Hidalgo destituyó a Acosta Téllez por tomar protesta como presidente municipal cuando estaba inhabilitado por negligencia administrativa, sanción impuesta mientras fue director de Obras Públicas en la pasada administración municipal.
“En la recolección de basura dice que no puede resolver porque está inhabilitado pero en otros temas sí se ostenta como presidente y eso genera inestabilidad en la gente (…) el motivo de las personas de manifestarse es que socialmente esto se está convirtiendo en un problema, porque ellos tienen necesidades que nadie está cubriendo como autoridades municipales”, señaló Héctor Cano, asesor jurídico de los habitantes de Calnali.
Por ello, durante su manifestación afuera de las instalaciones del TSJEH, los pobladores exigieron a la magistrada presidenta, Yanet Herrera Meneses, acelerar el procedimiento del juicio político, pues señalaron que desde hace tres semanas el Congreso de Hidalgo remitió al TSJEH el expediente para su resolución, pero aún no hay respuesta.
Al respecto, el asesor jurídico explicó que el proceso que marca la ley en el caso del juicio político, es que una vez que el Congreso de Hidalgo resolvió, debe enviar el expediente al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que cierre el procedimiento con una sentencia.
Sin embargo, precisó que desde el miércoles 30 de junio la carpeta de más de mil fojas llegó al TSJEH, pero no ha sido turnada a la Sala Penal, tampoco se han emplazado a las partes; es decir, a la comisión de tres diputados que fue nombrada por el Congreso en el momento que emitió la resolución de inhabilitación, al servidor público sancionado y su abogado.
“Una vez que la magistrada presidenta reciba las conclusiones de la Sala Penal, dentro de las siguientes 24 horas se tiene que convocar al Tribunal para que se constituya como jurado de sentencia, analizan, votan y esa resolución es la última”.
Finalmente, el asesor puntualizó que aunque no hay un término o plazo para que el Tribunal resuelva, consideró que no debe exceder por el tema de la impartición pronta y expedita.
Con información de Lorena Rosas / La Silla Rota Hidalgo
