Pachuca de Soto, Hidalgo.- De los 762 mil 256 pesos que el Tribunal Fiscal Administrativo de Hidalgo (TFAH) ordenó al ayuntamiento de Pachuca pagar salarios caídos a dos expolicías capitalinos, la administración de la edil Yolanda Tellería sólo erogó un monto de 450 mil pesos para cada uno de ellos.
Héctor Rodríguez Ensástiga, abogado de los exagentes acusados en 2009 de supuestos nexos con el crimen organizado, quienes a la postre fueron liberados por un juez federal tras no demostrar su culpabilidad, señaló que llegaron a un acuerdo con el ayuntamiento.
El defensor dijo que se encuentra pendiente el finiquito para otros dos exmunicipales, también por 450 mil pesos. Estimó que en “próximos días” se lleve a cabo.
En entrevista por separado, la alcaldesa de Pachuca confirmó que el monto entregado a los otrora trabajadores de la corporación local, detenidos por la Policía Federal (PF) en la administración del exedil Francisco Olvera Ruiz, fue menor al que un juez federal había establecido en un fallo con fecha del 11 de octubre de 2016.
Según la edil panista, no es posible tomar recursos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) para pagar los salarios caídos de los otros exefectivos capitalinos que se encuentran en la misma situación.
“No podemos tomar recursos del Fortaseg para pagar estos asuntos jurídicos”.
Al respecto, el litigante manifestó que sí es viable cubrir con ese fondo el pago a los exelementos que así lo demandan.
Agregó que llevará esta propuesta en una próxima negociación con la administración de la capital hidalguense.
“Si existe el diálogo, como hasta ahorita lo ha habido, y disposición por parte de ellos, claro que sí”, insistió el abogado.
Apenas este miércoles pasado, la alcaldesa capitalina firmó el convenio de colaboración del Fortaseg, mediante el cual el municipio recibirá 15 millones 764 mil 58 pesos para el ejercicio fiscal 2017.
Rodríguez Ensástiga recordó que otros 28 expolicías tienen pendiente recibir salarios caídos por parte del ayuntamiento. “Todos trabajaban como policías”, recordó.
Subrayó que el problema “se arrastra” de anteriores administraciones, además de que no hubo disposición de quienes la antecedieron en el cargo. “Estaban cerrados al diálogo”, afirmóel abogado.
Por Daniel Martínez Martínez
