Nueve cámaras empresariales en Michoacán se pronunciaron por buscar diferentes alternativas que fortalezcan el sector energético.
Titulares de algunos órganos del sector empresarial en Michoacán, se pronunciaron en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y a favor de la colaboración entre diversos actores para consolidar al país en materia energética.
Por medio de una rueda de prensa, fijaron su postura al respecto empresas en el estado como: Coparmex, CMIC, Canapat, AIEMAC, Canirac, Canagraf, Pumich, Canaimpa, y AMDA.
Cada uno de los titulares como: Roberto Flores Muñóz, presidente de COPARMEX Michoacán, Ricardo González Pdte. De Canagraf, Genaro Ruiz Martínez, pdte. De Canaimpa y Rafael Villaseñor pdte. De la comisión anticorrupción de COPARMEX Michoacán, emitieron un comunicado de prensa, dando a conocer sus posicionamientos.
“Esta inicitativa cierra la puerta a la competencia y es un hecho que de aprobarse en corto plazo generará desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias mexicanas”
“La desaparición de la CRE y la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía a la CFE, tendrá como resultado la eliminación de la competencia y de los contrapesos, aumentará las ineficiencias en el mercado eléctrico, ya que tiene la CRE, tiene la función de establecer reglas claras y promover la certeza legal en el mercado como un órgano autónomo sin intereses políticos”
Consideran que debe protegerse la libre competencia porque beneficia al consumidor final en precio y servicio, buscando además recuperar el crecimiento después de la pandemia por Covid-19, que requiere de una oferta energética limpia, moderna y oportuna para que las empresas crezcan y generen más empleos.
Consideran que la cancelación de los permisos y los contratos existentes vulnerarán el Estado de Derecho, impactará en la competitividad y perjudicará las inversiones realizadas en apego a los ordenamientos legales vigentes en México.
A largo plazo el costo de la electricidad en el país, en caso de concretarse esta reforma, aumentaría, ocasionando también la inflación en todos los productos en general, además de las consecuencias ambientales por el uso de combustibles agresivos en las termoeléctricas, así como la posibilidad de contar con carencias de parte de la CFE, al cerrarle las puertas a las demás empresas creadoras de energía.
En caso de cerrar contratos con empresas nacionales, el gobierno federal podría adquirir una deuda de 1 billón, 7 mil millones de pesos en pagos de indemnización por cancelaciones de contrato.
